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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en la coordinación de la respuesta a actos terroristas en Costa Rica?
La CNE en Costa Rica desempeña un papel clave en la coordinación de la respuesta del país ante actos terroristas. Colabora con otras agencias y autoridades para garantizar una respuesta eficiente en situaciones de emergencia relacionadas con el terrorismo.
¿Cuáles son las medidas adoptadas para abordar la violencia de género en Costa Rica?
Costa Rica ha implementado políticas integrales para abordar la violencia de género, incluyendo la creación de unidades especializadas en la policía, campañas de concientización y legislación que protege los derechos de las mujeres.
¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas entre el arrendador y el arrendatario en Costa Rica?
El procedimiento para resolver disputas entre el arrendador y el arrendatario en Costa Rica generalmente implica intentar resolver el problema de manera amistosa. Si no es posible llegar a un acuerdo, las partes pueden recurrir a mediación o, en última instancia, presentar una demanda ante el tribunal. La Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece los procedimientos legales a seguir.
¿Cuál es el plazo de prescripción para enjuiciar casos de lavado de activos en Costa Rica?
El plazo de prescripción para enjuiciar casos de lavado de activos en Costa Rica puede variar según la gravedad del delito. En casos graves, no hay plazo de prescripción, lo que significa que se pueden presentar cargos en cualquier momento.
¿Cuáles son las sanciones por el delito de difamación en Costa Rica?
La difamación en Costa Rica puede dar lugar a sanciones civiles y penales, con multas y penas de prisión que varían según la gravedad.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la terminación anticipada de un contrato con un contratista en Costa Rica?
La terminación anticipada de un contrato con un contratista en Costa Rica puede tener implicaciones legales. Las partes deben seguir los procedimientos contractuales para evitar litigios, y la entidad pública puede estar sujeta a indemnizar al contratista si la terminación no se basa en causas justificadas.
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