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¿Cómo el lavado de activos afecta la confianza ética en las instituciones educativas y académicas en Costa Rica?
La vinculación de fondos ilícitos con instituciones educativas plantea dilemas éticos y puede erosionar la confianza en la integridad académica, generando debates sobre la ética en el sector educativo costarricense.
¿Existen programas gubernamentales en Costa Rica que fomenten buenas prácticas en la selección de personal?
Programas gubernamentales, como el Sello de Igualdad de Género, fomentan buenas prácticas en la selección de personal en Costa Rica.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de joyerías y metales preciosos en la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las joyerías y comercios de metales preciosos en Costa Rica deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo, que incluyen la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la custodia de niños nacidos a través de donación de esperma o de óvulos en Costa Rica?
La custodia de niños nacidos a través de donación de esperma o de óvulos en Costa Rica se rige por la legislación de filiación. La ley establece que los padres que crían al niño son los padres legales, independientemente de la donación genética. Si una pareja recibe una donación de esperma o de óvulos para concebir, los padres que crían al niño tienen los derechos y responsabilidades legales. Esto garantiza la protección de los derechos de los niños nacidos a través de donación en el país.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la educación y el acceso a oportunidades educativas en Costa Rica?
La desviación de recursos debidos al lavado de activos puede afectar la inversión en educación y reducir el acceso a oportunidades educativas, limitando las perspectivas de desarrollo de la población costarricense.
¿Cómo se protege a los denunciantes de actividades sospechosas de financiación del terrorismo en Costa Rica?
Costa Rica tiene disposiciones legales que protegen a los denunciantes de actividades sospechosas de financiación del terrorismo. Se prohíbe el despido o represalias contra los denunciantes, y se mantiene su identidad en confidencialidad.
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