Artículos recomendados
¿Cómo se aborda la criminalización de la protesta social desde el ámbito judicial en Costa Rica?
La criminalización de la protesta social se aborda desde el ámbito judicial en Costa Rica mediante la protección del derecho a la manifestación pacífica y el diálogo, equilibrando el mantenimiento del orden público con el respeto a la libertad de expresión.
¿Puede un contrato de venta en Costa Rica establecer plazos para el cumplimiento de obligaciones?
Sí, los contratos de venta en Costa Rica pueden establecer plazos para el cumplimiento de obligaciones por parte de las partes, como la entrega del bien o el pago del precio. Los plazos deben ser claros y razonables.
¿Puede un contrato de venta en Costa Rica incluir cláusulas de resolución de controversias, como arbitraje?
Sí, los contratos de venta en Costa Rica pueden incluir cláusulas de resolución de controversias, como el arbitraje, que permiten a las partes resolver disputas fuera de los tribunales. Sin embargo, estas cláusulas deben cumplir con la ley y ser justas para ambas partes.
¿Qué medidas se toman para prevenir la falsificación de documentos de identidad en Costa Rica?
Para prevenir la falsificación de documentos de identidad en Costa Rica, se implementan medidas de seguridad en la emisión de la cédula de identidad, como el uso de elementos de seguridad, hologramas y técnicas de impresión
¿Cuál es la legislación específica que regula la cédula de identidad en Costa Rica?
La cédula de identidad en Costa Rica está regulada principalmente por la Ley de Identificación Nacional y su Reglamento. Estas normativas establecen las obligaciones y procedimientos relacionados con la emisión, renovación y uso de la cédula de identidad en el país.
¿Cuáles son las sanciones típicas para los contratistas sancionados en Costa Rica?
Las sanciones típicas para los contratistas sancionados en Costa Rica pueden incluir multas, la suspensión temporal o permanente de participar en procesos de licitación y contratación pública, la rescisión de contratos, la inadmisibilidad para contratar con entidades públicas y la imposición de sanciones pecuniarias y administrativas. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza del incumplimiento.
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