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¿Cómo influye la desigualdad social en la prevalencia de delitos en Costa Rica?
La desigualdad social en Costa Rica ha sido señalada como un factor que contribuye a la delincuencia, ya que puede generar tensiones y descontento en ciertos sectores de la población, aumentando la propensión a cometer delitos.
¿Puede un empleador solicitar antecedentes judiciales sin el consentimiento del candidato en Costa Rica?
En Costa Rica, un empleador generalmente necesita el consentimiento del candidato para solicitar sus antecedentes judiciales. El acceso a esta información está regulado y protegido por la ley de privacidad y protección de datos personales. Solicitar antecedentes judiciales sin consentimiento puede ser ilegal y resultar en sanciones legales.
¿Puede un contrato de venta en Costa Rica establecer plazos para el cumplimiento de obligaciones?
Sí, los contratos de venta en Costa Rica pueden establecer plazos para el cumplimiento de obligaciones por parte de las partes, como la entrega del bien o el pago del precio. Los plazos deben ser claros y razonables.
¿Cómo se ha integrado Costa Rica a los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos?
Costa Rica ha ajustado su legislación y prácticas a los estándares internacionales, participando activamente en evaluaciones de organismos como el GAFI para garantizar el cumplimiento con las normativas internacionales.
¿Cuáles son las principales críticas al embargo en Costa Rica?
Entre las críticas más frecuentes al embargo en Costa Rica se encuentran preocupaciones sobre su impacto económico negativo, cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas adoptadas y debates sobre la idoneidad de la política exterior del país en relación con el embargo. Estas críticas son fundamentales para el debate público y la formulación de políticas futuras.
¿Cuál es la definición legal de financiación del terrorismo en Costa Rica?
En Costa Rica, la financiación del terrorismo se define legalmente como la provisión, recaudación, aportación o suministro de fondos, bienes o servicios, directa o indirectamente, con el conocimiento o la intención de que se utilicen, en su totalidad o en parte, para llevar a cabo actividades terroristas. Esta definición se encuentra establecida en la Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Terrorismo, proporcionando una base clara para la identificación y persecución de actos relacionados con la financiación del terrorismo. La precisión de esta definición es crucial para asegurar un marco legal efectivo y evitar interpretaciones ambiguas.
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