ALONSO LOPEZ JIMENEZ - Perfil - 114230XXX

Perfil de ALONSO LOPEZ JIMENEZ - 114230XXX

Cédula de Identidad 114230XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuáles son las disposiciones específicas de la Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica con respecto a la recolección, almacenamiento y acceso a la información, y cómo se aplican estas disposiciones en la práctica?

La Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica, bajo la Ley No. 4573, establece disposiciones específicas para la recolección, almacenamiento y acceso a la información. Esta ley dicta procedimientos claros para la recopilación de datos sobre condenas y medidas de seguridad. En cuanto al almacenamiento, la legislación establece la centralización de la información bajo la supervisión del Poder Judicial. El acceso se regula, permitiendo a personas autorizadas y entidades judiciales consultar la información. En la práctica, estos procesos se aplican mediante sistemas electrónicos seguros y procedimientos de verificación de identidad, asegurando que la gestión de antecedentes judiciales cumpla con los estándares legales en Costa Rica.

¿Cómo se regula la responsabilidad de las instituciones financieras en Costa Rica para prevenir y reportar actividades sospechosas de lavado de activos, y cuáles son las sanciones por incumplimiento?

La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención y reporte de actividades sospechosas de lavado de activos en Costa Rica está regulada por la Ley 8204. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas significativas y la posible revocación de licencias.

¿Cómo se regulan los contratos de arriendo en Costa Rica en el caso de propiedades amuebladas, y cuáles son las consideraciones adicionales que deben tener en cuenta tanto arrendadores como arrendatarios en este tipo de acuerdos?

Los contratos de arriendo para propiedades amuebladas en Costa Rica se regulan de manera similar a los contratos residenciales, con algunas consideraciones adicionales. Es importante especificar detalladamente en el contrato el inventario de los muebles y su estado al inicio del arriendo. Además, el contrato debe establecer claramente las responsabilidades del arrendatario en cuanto al cuidado de los muebles y su eventual reposición en caso de daños. Estas consideraciones adicionales aseguran un acuerdo claro y justo para ambas partes.

¿Qué es la "Ley de Alivio Fiscal" y cómo afecta a los contribuyentes en Costa Rica?

La "Ley de Alivio Fiscal" en Costa Rica es una legislación diseñada para otorgar beneficios fiscales y aliviar la carga tributaria de los contribuyentes en situaciones económicas difíciles. Los beneficios pueden incluir la eliminación de multas y recargos, facilidades de pago, y otras medidas para ayudar a los contribuyentes a ponerse al día con sus deudas fiscales. Los contribuyentes deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley para acceder a estos beneficios.

¿Cuál es el marco legal que regula el embargo en Costa Rica?

La base jurídica que regula el embargo en Costa Rica se encuentra principalmente en el Código Procesal Civil y la Ley de Ejecución de Pensiones Alimentarias. Estos marcos legales establecen los procedimientos, plazos y requisitos para llevar a cabo embargos de manera legal y justa. El Código Procesal Civil detalla los pasos a seguir en un proceso judicial, mientras que la Ley de Ejecución de Pensiones Alimentarias se enfoca en situaciones específicas. Ambos cuerpos legales buscan equilibrar los derechos de los acreedores con la protección de los derechos de los deudores.

¿Cuál es el impacto social de casos recurrentes de corrupción en el sector público en Costa Rica y cómo afectan la percepción ciudadana sobre la eficacia de los antecedentes disciplinarios en prevenir este tipo de conductas?

Los casos recurrentes de corrupción en el sector público en Costa Rica tienen un impacto social significativo. Afectan la percepción ciudadana sobre la eficacia de los antecedentes disciplinarios al generar desconfianza en la capacidad del sistema para prevenir y sancionar este tipo de conductas. La consecuencia social incluye la pérdida de confianza en las instituciones públicas y la necesidad de fortalecer los mecanismos disciplinarios para restaurar la integridad en el servicio público.

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