ANA VICTORIA FOURNIER SOLANO - Perfil - 105840XXX

Perfil de ANA VICTORIA FOURNIER SOLANO - 105840XXX

Cédula de Identidad 105840XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se protegen los derechos de los alimentados en casos de deudores alimentarios que intentan evadir sus responsabilidades en Costa Rica, y cuáles son las medidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias?

Los derechos de los alimentados se protegen en Costa Rica mediante medidas que aseguran el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. El Juzgado de Pensiones Alimentarias puede aplicar medidas coercitivas, como embargos, multas y sanciones, para enfrentar intentos de evasión de responsabilidades por parte de los deudores alimentarios. La efectividad de estas medidas garantiza la protección de los derechos de quienes dependen de las pensiones alimentarias, asegurando un marco legal que vela por su bienestar.

¿Qué es el régimen de "Fiscalización Electrónica" en Costa Rica y cómo afecta a los contribuyentes?

El régimen de "Fiscalización Electrónica" en Costa Rica implica la revisión y fiscalización de las operaciones y transacciones de los contribuyentes utilizando medios electrónicos. La DGTD utiliza esta metodología para controlar y supervisar las operaciones comerciales. Los contribuyentes deben estar preparados para proporcionar documentación electrónica y colaborar con la DGTD durante las auditorías electrónicas.

¿Cuál es la normativa legal en Costa Rica para la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación, y cómo se aplican sanciones en casos de información falsa o engañosa proporcionada por los contratistas?

La normativa legal en Costa Rica establece criterios específicos para evaluar la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación. Se exige a los contratistas proporcionar información veraz y completa. En caso de proporcionar información falsa o engañosa, se pueden imponer sanciones como la descalificación del proceso de licitación, multas y, en casos graves, la inhabilitación para participar en futuras contrataciones públicas. Esto busca garantizar la integridad en la información presentada por los contratistas.

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las mujeres expuestas políticamente en Costa Rica?

Las mujeres expuestas políticamente en Costa Rica enfrentan desafíos específicos relacionados con el sexismo arraigado, la subrepresentación en cargos de liderazgo, la presión para equilibrar la vida política y familiar, y la amenaza de violencia de género. La discriminación basada en estereotipos de género y la falta de representación significativa dificultan su avance. La conciliación entre responsabilidades familiares y políticas añade presión, mientras que la violencia de género amenaza su seguridad. Superar estos desafíos requiere medidas que promuevan la igualdad de género, la eliminación de estereotipos y la creación de entornos seguros y equitativos.

¿Cuáles son las políticas gubernamentales vigentes en Costa Rica que respaldan la implementación de prácticas de debida diligencia, y cómo se asegura la coordinación entre las instituciones para su efectiva ejecución?

Las políticas gubernamentales en Costa Rica respaldan la implementación de prácticas de debida diligencia. La coordinación entre instituciones se asegura a través de mecanismos de colaboración, comités interinstitucionales y la designación de entidades responsables de supervisar y promover la aplicación efectiva de estas políticas en diversos sectores de la economía.

¿Qué recursos legales tiene un deudor si considera que el proceso de embargo se lleva a cabo de manera injusta en Costa Rica?

Los deudores en Costa Rica tienen recursos legales disponibles si consideran que el proceso de embargo se lleva a cabo de manera injusta. Pueden presentar impugnaciones, solicitar revisiones judiciales y buscar asesoramiento legal para proteger sus derechos. La legislación busca equilibrar los intereses de los acreedores y los deudores, asegurando que el proceso de embargo se realice de manera justa y equitativa.

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