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¿Qué normativas regulan la imparcialidad y la conducta ética de los jueces en Costa Rica?
La imparcialidad y la conducta ética de los jueces en Costa Rica están reguladas por el Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia y el Código de Ética Judicial, garantizando un ejercicio transparente y ético de la judicatura.
¿Existe un límite temporal para la persecución de cómplices en Costa Rica, y cómo se determina?
En Costa Rica, puede existir un límite temporal para la persecución de cómplices, conocido como prescripción. La determinación de este límite puede depender del tipo de delito y las circunstancias específicas.
¿Cómo aborda la legislación costarricense la complicidad en delitos relacionados con drogas y narcotráfico?
La legislación costarricense aborda la complicidad en delitos de drogas y narcotráfico imponiendo sanciones específicas. Colaborar en actividades relacionadas con sustancias controladas puede llevar a consecuencias legales severas, y las penas se ajustan según la gravedad del delito.
¿Qué sanciones se aplican en caso de no presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica?
El incumplimiento de presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica puede dar lugar a sanciones significativas. Estas sanciones pueden incluir multas y sanciones administrativas. Además, en casos de actividades sospechosas no reportadas, las sanciones pueden ser aún más severas.
¿Cómo se protegen los derechos de los solicitantes de empleo durante la verificación de antecedentes previos a la contratación en el sector privado en Costa Rica?
En el sector privado costarricense, los derechos de los solicitantes de empleo durante la verificación de antecedentes previos a la contratación están protegidos por la legislación laboral. Los empleadores deben asegurar la transparencia y legalidad de este proceso.
¿Qué apoyo legal y social se brinda a los beneficiarios de una pensión alimentaria en Costa Rica?
Los beneficiarios de una pensión alimentaria en Costa Rica pueden acceder a apoyo legal y social, como asesoramiento legal, asistencia de la Procuraduría General de la República, programas de asistencia social y servicios de apoyo a la familia. El Estado se preocupa por el bienestar de los beneficiarios y busca garantizar su protección.
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