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¿Puede un deudor alimentario evitar el cumplimiento de la pensión argumentando insolvencia en Costa Rica?
Argumentar insolvencia en Costa Rica no libera al deudor de su obligación de cumplir con la pensión alimentaria. Sin embargo, puede ser un factor considerado por el tribunal al determinar la cantidad de la pensión o establecer un plan de pagos que sea asequible para el deudor.
¿Cómo ha evolucionado históricamente la legislación laboral en Costa Rica y de qué manera ha impactado en los procesos de selección de personal?
Históricamente, la legislación laboral en Costa Rica ha evolucionado para promover los derechos de los trabajadores, impactando en los procesos de selección al establecer parámetros y regulaciones más claras.
¿Cómo influye la percepción pública de la eficacia judicial en la cohesión social en Costa Rica?
La percepción pública de la eficacia judicial en Costa Rica influye directamente en la cohesión social. Cuando la sociedad percibe que los expedientes judiciales se manejan de manera justa y eficiente, se fortalece la confianza en las instituciones, promoviendo la cohesión y la armonía social en el país.
¿Cuál es la importancia de la diversidad y la inclusión en los procesos de selección de personal en Costa Rica?
La diversidad y la inclusión son fundamentales en los procesos de selección de personal en Costa Rica para promover un entorno laboral equitativo y enriquecedor.
¿Cuál es el marco jurídico que establece las bases para la administración fiscal en Costa Rica?
El marco jurídico que establece las bases para la administración fiscal en Costa Rica se compone de la Constitución Política, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y leyes específicas como la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto General sobre las Ventas. Estas leyes delinean los poderes, deberes y responsabilidades de las autoridades fiscales y los contribuyentes.
¿Qué medidas se toman para proteger a los denunciantes de actividades sospechosas de lavado de activos en Costa Rica?
Costa Rica tiene disposiciones legales que protegen a los denunciantes de actividades sospechosas de lavado de activos. Se prohíbe el despido o represalias contra los denunciantes y se mantiene su identidad en confidencialidad.
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