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¿Cuáles son las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Poder Judicial, a través de la jurisdicción penal, son los principales actores encargados de prevenir y combatir el lavado de activos en el país.
¿Cuál es el proceso para la revisión y modificación de contratos públicos en Costa Rica?
Los contratos públicos en Costa Rica pueden ser revisados y modificados en caso de necesidad, pero esto debe hacerse mediante un proceso establecido por la entidad pública. Se deben justificar las modificaciones y seguir procedimientos legales y contractuales para realizar cambios en los términos del contrato.
¿Cuál es el papel del Poder Judicial en la persecución de casos de lavado de activos en Costa Rica?
El Poder Judicial tiene la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones y enjuiciamientos de casos relacionados con lavado de activos, asegurando un proceso legal justo y la imposición de sanciones adecuadas.
¿Cómo ha evolucionado la jurisprudencia costarricense en casos relacionados con la selección de personal?
La jurisprudencia costarricense en casos de selección de personal ha evolucionado, estableciendo precedentes que influyen en la interpretación de la legislación laboral.
¿Cuál es la posición de Costa Rica en relación con los estándares internacionales de trabajo establecidos por la OIT, y cómo esto influye en la selección de personal?
La posición de Costa Rica en relación con los estándares internacionales de trabajo de la OIT influye en la selección de personal al promover prácticas laborales justas y éticas.
¿Cuáles son las disposiciones legales respecto a los depósitos de garantía en los contratos de arriendo en Costa Rica, y cómo se asegura la devolución adecuada de estos depósitos al finalizar el contrato?
Las disposiciones legales respecto a los depósitos de garantía en los contratos de arriendo en Costa Rica establecen que el monto del depósito no puede exceder el equivalente a un mes de alquiler. La legislación también establece las condiciones bajo las cuales el propietario puede retener parte o la totalidad del depósito, como daños a la propiedad o pagos pendientes. Para asegurar la devolución adecuada, es común incluir un inventario detallado en el contrato y especificar los términos para la devolución del depósito al finalizar el arrendamiento.
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