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¿Cómo el lavado de activos desafía las normas éticas en el ámbito empresarial de Costa Rica?
La participación de empresas en actividades ilícitas desafía las normas éticas en el ámbito empresarial costarricense, generando un debate sobre la responsabilidad social y ética de las empresas en la sociedad.
¿Puede un contrato de venta en Costa Rica incluir cláusulas de penalización por incumplimiento?
Sí, un contrato de venta en Costa Rica puede incluir cláusulas de penalización por incumplimiento que establecen sanciones financieras en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la energía renovable en Costa Rica?
El sector de la energía renovable en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en proyectos de energía renovable y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en relación con los antecedentes fiscales en Costa Rica?
La Procuraduría General de la República de Costa Rica tiene un papel importante en la gestión de los antecedentes fiscales en casos en los que el Estado es parte en controversias fiscales. Representa al Estado en procedimientos legales relacionados con asuntos fiscales y puede intervenir en casos de cobro de deudas fiscales a través de acciones legales.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través del comercio de vehículos en Costa Rica?
El comercio de vehículos en Costa Rica está regulado para prevenir la financiación del terrorismo. Se aplican medidas de diligencia debida para identificar a las partes involucradas en la compra y venta de vehículos y se presentan informes sobre transacciones sospechosas.
¿Cómo se establece el marco jurídico para garantizar la seguridad de las personas expuestas políticamente en Costa Rica?
El marco jurídico en Costa Rica que garantiza la seguridad de personas expuestas políticamente se establece mediante leyes que penalizan amenazas, ataques y actos de violencia dirigidos hacia estas personas. Además, se asignan recursos para la implementación efectiva de medidas de seguridad, lo que demuestra el compromiso del país en proteger la participación política sin temor a represalias.
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