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¿Cuál es el marco legal para la protección de datos personales en Costa Rica?
Costa Rica cuenta con la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, que establece los principios y derechos relacionados con la privacidad. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) supervisa la correcta aplicación de esta ley y vela por la seguridad y privacidad de la información personal en el país.
¿Cómo se asegura la validez de la identificación en el acceso a servicios de atención a víctimas de violencia de género en Costa Rica?
En el ámbito de la atención a víctimas de violencia de género, la validación de identidad en Costa Rica se realiza con sensibilidad y confidencialidad, garantizando un entorno seguro para las personas afectadas y facilitando el acceso a servicios de apoyo y protección.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los empleadores y empleados en el proceso de selección de personal según la legislación costarricense?
Los derechos y responsabilidades de empleadores y empleados en el proceso de selección de personal están definidos por la legislación costarricense, abarcando desde la negociación hasta la terminación del contrato laboral.
¿Cuál es la evolución histórica de las leyes contra el lavado de activos en Costa Rica?
Inicialmente, Costa Rica abordó este tema con la Ley 7786 en 1998. Luego, la Ley 8204 en 2001 consolidó las disposiciones legales, y desde entonces ha habido reformas para fortalecer la legislación.
¿Qué acciones se toman para prevenir el lavado de activos en el mercado de valores en Costa Rica?
En el mercado de valores en Costa Rica, se aplican medidas de prevención de lavado de activos que incluyen la identificación de clientes, la supervisión de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
¿Cuáles son las consecuencias de ser incluido en la lista del "Impuesto Solidario" en Costa Rica?
El "Impuesto Solidario" en Costa Rica se aplica a las personas con altos ingresos y a las personas jurídicas. Las consecuencias de ser incluido en esta lista incluyen el pago de un impuesto adicional y la posibilidad de una mayor revisión fiscal. Este impuesto se destina a financiar programas de bienestar social.
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