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¿Cuáles son las garantías procesales para los acusados en Costa Rica?
Los acusados en Costa Rica cuentan con garantías procesales como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y la prohibición de la doble persecución (non bis in idem).
¿Puede un costarricense solicitar una visa de estudiante para estudiar en España?
Sí, los costarricenses pueden solicitar una visa de estudiante para estudiar en España. Deben ser admitidos en una institución educativa española, obtener una carta de admisión y cumplir con los requisitos financieros.
¿Qué sucede si un bien embargado es dañado o devaluado durante el proceso en Costa Rica?
Si un bien embargado sufre daños o devaluación durante el proceso de embargo en Costa Rica, el deudor o el acreedor pueden presentar una reclamación ante el juez. El juez evaluará la situación y tomará una decisión sobre si el bien debe ser reparado, reevaluado o compensado de alguna manera. El objetivo es proteger los derechos de ambas partes y garantizar que los bienes se mantengan en condiciones adecuadas hasta su venta.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
La sociedad civil puede contribuir mediante la denuncia de actividades sospechosas y la concienciación sobre los riesgos del lavado de activos, colaborando así con las autoridades en la lucha contra este delito.
¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas de financiación del terrorismo en el mercado de valores en Costa Rica?
En el mercado de valores en Costa Rica, se aplican medidas de prevención de la financiación del terrorismo que incluyen la identificación de clientes, la supervisión de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
¿Cuáles son las sanciones para las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica?
Las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica pueden estar sujetas a sanciones, que incluyen advertencias, multas y la obligación de indemnizar al solicitante por daños y perjuicios. La Ley General de la Administración Pública establece las medidas que pueden tomarse en caso de retrasos injustificados en la resolución de trámites.
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