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¿Cuál es la base jurídica del embargo en Costa Rica?
La base jurídica del embargo en Costa Rica se fundamenta en normativas nacionales como la Ley de Embargo y la regulación aduanera, que establecen las condiciones legales para la implementación de restricciones comerciales.
¿Cómo se manejan los conflictos de intereses en la contratación pública de contratistas en Costa Rica?
Los conflictos de intereses en la contratación pública se manejan a través de la divulgación de posibles conflictos, la exclusión de participantes con intereses conflictivos y la promoción de procesos de licitación justos y transparentes que eviten la influencia indebida de terceros.
¿Cómo impacta la falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias en casos de padres no custodios en términos de la relación con sus hijos y cuál es el papel de la ley en fomentar la participación activa de ambos padres en la vida de los hijos?
La falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de padres no custodios impacta negativamente en la relación con sus hijos. Puede generar tensiones y afectar emocionalmente a los hijos, así como obstaculizar la participación activa del padre en sus vidas. La ley en Costa Rica busca fomentar la participación activa de ambos padres, y la falta de cumplimiento puede ser considerada como un obstáculo para el cumplimiento de este objetivo legal y ético.
¿Puede un cómplice ser condenado por el mismo delito que el autor principal?
Sí, en Costa Rica y en otros sistemas legales, un cómplice puede ser condenado por el mismo delito que el autor principal. Esto se conoce como "responsabilidad penal compartida" o "responsabilidad conjunta". Los cómplices pueden ser considerados coautores del delito y enfrentar las mismas acusaciones y sanciones que el autor principal si su participación fue significativa y voluntaria. La decisión de acusar a un cómplice por el mismo delito depende de las pruebas y las circunstancias del caso.
¿Cuáles son las relaciones y acuerdos internacionales que Costa Rica ha establecido para abordar temas relacionados con el derecho de familia, como la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género?
hasta enero de 2022, Costa Rica ha estado involucrada en varios acuerdos y tratados internacionales para abordar temas relacionados con el derecho de familia, la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género. Es importante tener en cuenta que la información puede haber cambiado después de esa fecha. Algunos de los acuerdos y tratados relevantes incluyen: Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará); La Convención de Belem do Pará tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica; Protocolo Facultativo de la CDN sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convenio de La Haya de 1980); Tratados bilaterales y regionales: Además de los tratados multilaterales, Costa Rica también puede tener acuerdos bilaterales y regionales con otros países para abordar cuestiones relacionadas con el derecho de familia y la protección de menores.
¿Cuál es el impacto social y económico de antecedentes disciplinarios en casos de corrupción en el proceso de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las medidas adoptadas para fortalecer la transparencia y la competitividad en este ámbito?
Los antecedentes disciplinarios en casos de corrupción en el proceso de contratación pública en Costa Rica tienen un impacto social y económico significativo. Afectan la confianza en el sistema de contratación, generan consecuencias económicas negativas y resaltan la necesidad de fortalecer las medidas disciplinarias para garantizar la transparencia y la competitividad. Estos casos subrayan la importancia de promover prácticas éticas en la contratación pública y proteger los recursos destinados a proyectos de interés público.
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