CARLOS DURAN CORDERO - Perfil - 303380XXX

Perfil de CARLOS DURAN CORDERO - 303380XXX

Cédula de Identidad 303380XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se han abordado históricamente los desafíos relacionados con la corrupción en la administración tributaria de Costa Rica y cuáles son los mecanismos implementados para garantizar la transparencia?

Los desafíos relacionados con la corrupción en la administración tributaria de Costa Rica se han abordado históricamente mediante la implementación de mecanismos para garantizar la transparencia. Esto incluye auditorías independientes, la promoción de prácticas éticas y la participación ciudadana en la supervisión de la administración tributaria. La lucha contra la corrupción es esencial para mantener la integridad del sistema tributario y la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

¿Cuáles son las circunstancias comunes que pueden llevar al embargo en Costa Rica según los antecedentes judiciales?

En Costa Rica, el embargo puede ocurrir en diversas circunstancias, siendo las más comunes aquellas relacionadas con deudas no pagadas y el incumplimiento de contratos. Si una persona tiene antecedentes judiciales que involucran juicios por deudas o incumplimientos contractuales, los acreedores pueden recurrir a medidas de embargo para asegurar el pago de las deudas pendientes. Además, el embargo puede aplicarse en casos de ejecución de sentencias judiciales relacionadas con compensaciones económicas o multas impuestas por los tribunales. Estas circunstancias demuestran la estrecha conexión entre los antecedentes judiciales y las acciones legales que pueden desencadenar embargos en Costa Rica.

¿Cómo se coordina la información entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, como el Organismo de Investigación Judicial, para mantener actualizados los antecedentes judiciales en Costa Rica?

La coordinación entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se logra mediante sistemas electrónicos que permiten la transferencia segura de datos. Existen protocolos y acuerdos establecidos para garantizar la actualización regular de los antecedentes judiciales. Esta colaboración es esencial para mantener una base de datos precisa y actualizada, permitiendo a las autoridades judiciales y de seguridad acceder a información relevante de manera oportuna y eficiente en Costa Rica.

¿Cuál es el proceso para impugnar una determinación fiscal en Costa Rica en caso de desacuerdo?

En caso de desacuerdo con una determinación fiscal en Costa Rica, los contribuyentes pueden impugnarla presentando un recurso o apelación ante la Dirección General de Tributación. Deben proporcionar argumentos y pruebas que respalden su posición. La DGTD revisará la impugnación y emitirá una decisión, que puede confirmar, modificar o anular la determinación fiscal impugnada.

¿Cómo se protege la confidencialidad de la información proporcionada en los trámites administrativos en Costa Rica?

En Costa Rica, la información proporcionada en los trámites administrativos está sujeta a medidas de confidencialidad y protección de datos personales. Las instituciones gubernamentales deben resguardar la información y solo pueden compartirla con terceros en casos permitidos por la ley o con el consentimiento del solicitante. Los ciudadanos tienen el derecho de acceder y corregir su información personal.

¿Cómo se abordan legalmente las situaciones de incumplimiento de pago por parte del arrendatario en Costa Rica, y cuáles son los procedimientos y plazos establecidos para resolver estos casos?

El incumplimiento de pago por parte del arrendatario en Costa Rica se aborda legalmente a través de la Ley de Desalojos por Falta de Pago. Esta ley establece procedimientos específicos que el arrendador debe seguir para notificar al arrendatario sobre la deuda pendiente. Se otorgan plazos para el pago y, en caso de persistir el impago, se permite al arrendador iniciar un proceso legal de desalojo. La ley busca equilibrar los derechos de ambas partes, ofreciendo un marco legal para resolver casos de incumplimiento de pago de manera justa y eficiente.

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