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¿Cuál es el propósito de identificar a las Personas Expuestas Políticamente en Costa Rica?
El propósito de identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica es prevenir y detectar actividades financieras ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Dado que las PEP pueden utilizar sus cargos para facilitar transacciones ilegales, es esencial conocer su identidad y realizar un seguimiento adecuado de sus actividades financieras para garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir la corrupción.
¿Qué sucede si un costarricense es detenido por agentes de inmigración en Estados Unidos?
Si un costarricense es detenido por agentes de inmigración, tiene derechos legales, como el derecho a permanecer en silencio y a un abogado. Deben ser informados sobre el motivo de su detención y pueden solicitar una audiencia.
¿Cuáles son los dilemas éticos relacionados con la confiscación de bienes vinculados al lavado de activos en Costa Rica?
La confiscación de bienes vinculados al lavado de activos plantea dilemas éticos sobre la proporcionalidad de las sanciones y el respeto a los derechos individuales, generando un debate sobre la justicia y la ética legal.
¿Cuáles son las penas por delitos de tráfico de personas en Costa Rica?
Los delitos de tráfico de personas en Costa Rica pueden conllevar penas de hasta 16 años de prisión, procurando combatir esta actividad.
¿Cómo se manejan los casos de menores en el sistema judicial costarricense?
Los casos de menores en Costa Rica se manejan a través de un sistema especializado que busca proteger sus derechos. Se prioriza la reinserción y rehabilitación, y se aplican medidas diferenciadas según la edad y la gravedad del delito.
¿Cuál es el marco legal que rige los antecedentes judiciales en Costa Rica?
El marco legal que regula los antecedentes judiciales en Costa Rica es la Ley de Antecedentes Judiciales, específicamente la Ley No. 4573. Esta legislación establece los procedimientos para la recopilación, mantenimiento y acceso a la información sobre condenas y medidas de seguridad dictadas por los tribunales costarricenses. Además, se complementa con disposiciones de la Constitución Política y el Código Procesal Penal, creando un marco integral para la gestión de los antecedentes judiciales en el país.
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