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¿Cuál es el papel de las instituciones costarricenses en la promoción de la debida diligencia y cómo esto contribuye a la responsabilidad social empresarial en el país?
Las instituciones costarricenses desempeñan un papel clave en la promoción de la debida diligencia, contribuyendo directamente a la responsabilidad social empresarial. Al fomentar prácticas éticas y transparentes, se impulsa la sostenibilidad y se fortalece el compromiso con la sociedad y el medio ambiente.
¿Cuál es el papel de los notarios y abogados en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los notarios y abogados en Costa Rica tienen la responsabilidad de llevar a cabo la debida diligencia al verificar la identidad de sus clientes y reportar transacciones sospechosas, como parte de los esfuerzos para prevenir el lavado de activos.
¿Cómo ha variado la percepción pública del embargo en Costa Rica a lo largo del tiempo?
La percepción pública del embargo ha experimentado cambios notables, influenciada por factores históricos, económicos y sociales, así como por la percepción de la eficacia de las políticas gubernamentales.
¿Cuál es la evolución histórica de las leyes contra el lavado de activos en Costa Rica?
Inicialmente, Costa Rica abordó este tema con la Ley 7786 en 1998. Luego, la Ley 8204 en 2001 consolidó las disposiciones legales, y desde entonces ha habido reformas para fortalecer la legislación.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de joyerías y metales preciosos en el lavado de activos en Costa Rica?
Las joyerías y comercios de metales preciosos en Costa Rica deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos, que incluyen la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cómo ha influido el contexto político en la gestión de los antecedentes disciplinarios en Costa Rica y cuáles son las salvaguardias para evitar influencias indebidas en estos procesos?
El contexto político en Costa Rica ha tenido influencia en la gestión de antecedentes disciplinarios, y las salvaguardias se han establecido para evitar influencias indebidas. La autonomía de las entidades encargadas de la fiscalización, como la Procuraduría General de la República, y la transparencia en los procesos son fundamentales para prevenir interferencias políticas indebidas y garantizar que las decisiones disciplinarias se basen en la legalidad y la ética.
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