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¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la publicidad y medios en Costa Rica?
El sector de la publicidad y medios en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la industria y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cuál es el procedimiento para la designación de defensores públicos en Costa Rica?
La designación de defensores públicos en Costa Rica se realiza a través de un proceso de selección competitivo, donde se evalúan las habilidades y experiencia de los candidatos, asegurando la calidad de la defensa en procesos judiciales.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el KYC en Costa Rica?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Costa Rica es una entidad encargada de recibir, analizar y difundir información relacionada con actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Su papel en el KYC implica proporcionar orientación y capacitación sobre la detección de actividades ilícitas y colaborar con las autoridades en investigaciones relacionadas con el KYC.
¿Se reconoce la legítima defensa como un argumento válido para el cómplice en Costa Rica?
La legítima defensa puede ser reconocida como un argumento válido para el cómplice en Costa Rica en ciertos casos. Sin embargo, la aplicación de este argumento dependerá de la naturaleza específica del delito y las circunstancias involucradas.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de juegos de azar en Costa Rica?
El sector de juegos de azar en Costa Rica está obligado a identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas de financiación del terrorismo. Esto implica un seguimiento de las actividades de juego y la presentación de informes a la UIF.
¿Cuáles son las consecuencias por el delito de enriquecimiento ilícito en Costa Rica?
El enriquecimiento ilícito en Costa Rica puede resultar en penas de prisión y la confiscación de bienes, combatiendo la corrupción en el sector público.
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