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¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Cómo ha evolucionado la percepción pública del lavado de activos en Costa Rica a lo largo del tiempo?
A medida que la sociedad se ha vuelto más consciente de los riesgos asociados con el lavado de activos, ha aumentado la demanda de medidas más efectivas y rigurosas. La percepción pública juega un papel crucial en el impulso de cambios legislativos y acciones preventivas.
¿Cuáles son las implicaciones de una estancia indocumentada en España para los costarricenses?
La estancia indocumentada en España puede llevar a consecuencias legales, como la deportación y dificultades para futuras solicitudes de visado o residencia. Los costarricenses deben asegurarse de mantener su estatus legal en el país.
¿Existen límites en los aumentos de alquiler en Costa Rica?
En Costa Rica, no hay límites establecidos por la ley para los aumentos de alquiler. Los aumentos de alquiler son negociables entre las partes y deben estar especificados en el contrato de arrendamiento. Es importante que las partes acuerden y establezcan claramente cualquier aumento futuro en el contrato.
¿Cómo el lavado de activos puede influir en la ética de la responsabilidad social corporativa en Costa Rica?
La participación en actividades ilícitas afecta la ética de la responsabilidad social corporativa, generando debates sobre la autenticidad de los esfuerzos de las empresas para contribuir positivamente a la sociedad costarricense.
¿Pueden los costarricenses solicitar una tarjeta de residencia como inversores en España?
Sí, los costarricenses pueden solicitar una tarjeta de residencia de inversor en España a través de programas como el "Golden Visa". Deben realizar una inversión sustancial en bienes inmuebles, empresas o deuda pública española.
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