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¿Cuáles son los desafíos éticos en la aplicación de medidas de prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los desafíos éticos incluyen encontrar un equilibrio entre la protección de la privacidad y la prevención del lavado de activos, así como asegurar que las medidas adoptadas sean éticamente justificadas y respetuosas.
¿Qué obligaciones tienen los notarios públicos en relación con la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los notarios públicos en Costa Rica tienen la responsabilidad de identificar y verificar la identidad de las partes que participan en transacciones notariales. Deben llevar a cabo procedimientos de debida diligencia, registrar información sobre las partes involucradas y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Su papel es fundamental en la prevención del lavado de activos.
¿Cuáles son los documentos de identificación aceptados para validar la identidad en Costa Rica?
En Costa Rica, los documentos de identificación aceptados comúnmente incluyen la cédula de identidad, el pasaporte y la licencia de conducir, los cuales son emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Transporte, respectivamente.
¿Qué ocurre si un ciudadano costarricense no renueva su cédula de identidad al vencerse?
Si un ciudadano costarricense no renueva su cédula de identidad después de su vencimiento, puede enfrentar inconvenientes al realizar trámites y transacciones oficiales. Es importante mantener la cédula actualizada, ya que es un documento de identificación esencial en el país.
¿En Costa Rica, cómo se define legalmente la complicidad en un delito?
La complicidad en Costa Rica se define como la participación intencional y consciente de una persona en la comisión de un delito junto con el autor principal.
¿Cuáles son las restricciones y regulaciones para el uso de los antecedentes judiciales en Costa Rica?
En Costa Rica, el uso de los antecedentes judiciales está sujeto a restricciones y regulaciones específicas. Estos registros se proporcionan solo para fines legales y legítimos, como la toma de decisiones de empleo, admisión educativa, procesos de inmigración, entre otros. El acceso no autorizado o el uso indebido de los antecedentes judiciales puede tener consecuencias legales. La privacidad y la protección de los datos personales son consideraciones importantes en la gestión de estos registros.
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