DAGOBERTO PICADO HERNANDEZ - Perfil - 204740XXX

Perfil de DAGOBERTO PICADO HERNANDEZ - 204740XXX

Cédula de Identidad 204740XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes inmuebles en Costa Rica?

Los contratos de venta de bienes inmuebles en Costa Rica están regulados por disposiciones específicas que buscan garantizar la seguridad y legalidad en las transacciones inmobiliarias. La Ley de Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles establece requisitos y formalidades, como la obligatoriedad de elevar a escritura pública el contrato de compraventa de bienes inmuebles. Además, el Registro Público desempeña un papel crucial al inscribir los derechos reales sobre bienes inmuebles. Cumplir con estas regulaciones es esencial para la validez y protección de los derechos en los contratos de venta de bienes inmuebles en Costa Rica.

¿Cómo se clasifican y organizan los expedientes judiciales en Costa Rica?

Los expedientes judiciales en Costa Rica se organizan y clasifican según un sistema de archivo establecido por el Poder Judicial. Cada expediente se identifica con un número único, y se almacena en orden cronológico. Además, los expedientes se dividen en categorías según el tipo de caso (por ejemplo, civil, penal, laboral) para facilitar su gestión y búsqueda. La organización es fundamental para mantener la integridad y la accesibilidad de los expedientes.

¿Qué apoyo legal y social se brinda a los beneficiarios de una pensión alimentaria en Costa Rica?

Los beneficiarios de una pensión alimentaria en Costa Rica pueden acceder a apoyo legal y social, como asesoramiento legal, asistencia de la Procuraduría General de la República, programas de asistencia social y servicios de apoyo a la familia. El Estado se preocupa por el bienestar de los beneficiarios y busca garantizar su protección.

¿Cómo se protegen éticamente los derechos de los consumidores en contratos de venta en Costa Rica?

La protección ética de los derechos de los consumidores en contratos de venta en Costa Rica implica cumplir con normas y prácticas que aseguren la equidad y transparencia. Los vendedores deben garantizar que los consumidores reciban información clara sobre los productos o servicios, evitando prácticas comerciales engañosas o manipuladoras. Además, respetar los derechos de devolución, garantizar la seguridad de los productos y brindar un servicio postventa ético contribuyen a la protección de los consumidores. La ética en los contratos de venta busca salvaguardar los derechos fundamentales de los consumidores y promover relaciones comerciales justas.

¿Cuáles son las disposiciones específicas de la Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica con respecto a la recolección, almacenamiento y acceso a la información, y cómo se aplican estas disposiciones en la práctica?

La Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica, bajo la Ley No. 4573, establece disposiciones específicas para la recolección, almacenamiento y acceso a la información. Esta ley dicta procedimientos claros para la recopilación de datos sobre condenas y medidas de seguridad. En cuanto al almacenamiento, la legislación establece la centralización de la información bajo la supervisión del Poder Judicial. El acceso se regula, permitiendo a personas autorizadas y entidades judiciales consultar la información. En la práctica, estos procesos se aplican mediante sistemas electrónicos seguros y procedimientos de verificación de identidad, asegurando que la gestión de antecedentes judiciales cumpla con los estándares legales en Costa Rica.

¿Cuáles son los procedimientos legales para la ejecución de medidas coercitivas contra deudores alimentarios en Costa Rica, y cuál es el papel del poder judicial en el cumplimiento de estas acciones?

Los procedimientos legales para la ejecución de medidas coercitivas contra deudores alimentarios en Costa Rica son gestionados por el poder judicial. El Juzgado de Pensiones Alimentarias inicia y supervisa la ejecución de embargos, sanciones y otras medidas coercitivas. El papel del poder judicial es esencial para garantizar que estas acciones se lleven a cabo de acuerdo con la legislación vigente, protegiendo así los derechos alimentarios y asegurando el cumplimiento de las obligaciones por parte de los deudores.

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