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¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de activos en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Costa Rica es la encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con transacciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, coopera con autoridades nacionales e internacionales en investigaciones. Su función es clave para la detección y prevención del lavado de activos en el país.
¿Cómo se penaliza el delito de narcotráfico en Costa Rica?
El narcotráfico en Costa Rica puede conllevar penas de hasta 25 años de prisión, buscando combatir el tráfico ilegal de sustancias controladas.
¿Qué regulaciones existen en Costa Rica para la obtención de permisos de construcción?
La obtención de permisos de construcción en Costa Rica está regulada por la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Los solicitantes deben presentar planos, estudios de impacto ambiental, y cumplir con normativas de zonificación y requisitos técnicos. Los permisos se otorgan tras la revisión y aprobación por parte de las autoridades locales.
¿Cómo se trata legalmente el delito de violencia de género en Costa Rica?
La violencia de género en Costa Rica se aborda con leyes y medidas específicas, incluyendo órdenes de protección y penas de prisión.
¿Qué medidas se han implementado para mejorar la accesibilidad a la justicia en Costa Rica?
En Costa Rica, se han implementado medidas como la creación de la Oficina de Gestión y Acceso a la Justicia para mejorar la accesibilidad, brindar información y facilitar trámites judiciales a la ciudadanía.
¿Cuáles son los mecanismos legales que regulan la revisión y ajuste del monto del arriendo en Costa Rica, y bajo qué circunstancias puede llevarse a cabo dicho ajuste?
La Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece que el arrendador y el arrendatario pueden acordar libremente el monto del arriendo al inicio del contrato. Sin embargo, durante la vigencia del contrato, el arrendador solo puede ajustar el monto del arriendo si existe una cláusula específica en el contrato que lo permita, y debe respetar el límite anual establecido por la ley. Además, es crucial notificar al arrendatario con al menos tres meses de antelación sobre cualquier ajuste propuesto. Estos mecanismos buscan proteger los derechos del arrendatario y garantizar una relación justa entre las partes.
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