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¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la educación en Costa Rica?
El sector de la educación en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Las instituciones educativas deben identificar a los estudiantes y personal y reportar transacciones sospechosas relacionadas con la educación.
¿Cómo afecta el lavado de activos a la confianza ética en el sistema judicial de Costa Rica?
La participación en actividades ilícitas afecta la confianza ética en el sistema judicial, generando un debate sobre la ética en la administración de justicia y la necesidad de mantener la integridad ética en el sistema legal.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en la supervisión de la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
La UIF en Costa Rica tiene la responsabilidad de supervisar y regular el cumplimiento de las obligaciones de verificación en listas de riesgos por parte de las entidades obligadas, y de investigar posibles casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
¿Cuál es el papel de la Defensa Pública en los procesos judiciales costarricenses?
La Defensa Pública en Costa Rica juega un papel fundamental al proporcionar asesoría y representación legal a personas que no pueden costear un abogado, garantizando así el acceso a la justicia.
¿Cuáles son las consecuencias por el delito de enriquecimiento ilícito en Costa Rica?
El enriquecimiento ilícito en Costa Rica puede resultar en penas de prisión y la confiscación de bienes, combatiendo la corrupción en el sector público.
¿Cuál es el marco jurídico en Costa Rica que regula la contratación pública y establece las sanciones para contratistas que incumplen con las normativas?
El marco jurídico en Costa Rica que regula la contratación pública se encuentra principalmente en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Estos instrumentos legales establecen los procedimientos, requisitos y sanciones aplicables a contratistas que incumplen con las normativas. Además, se han desarrollado leyes complementarias y reformas para fortalecer la transparencia, la competencia y la eficiencia en los procesos de contratación pública.
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