DANIELA MARIA ALVAREZ BERROCAL - Perfil - 207240XXX

Perfil de DANIELA MARIA ALVAREZ BERROCAL - 207240XXX

Cédula de Identidad 207240XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuáles son las disposiciones específicas de la Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica con respecto a la recolección, almacenamiento y acceso a la información, y cómo se aplican estas disposiciones en la práctica?

La Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica, bajo la Ley No. 4573, establece disposiciones específicas para la recolección, almacenamiento y acceso a la información. Esta ley dicta procedimientos claros para la recopilación de datos sobre condenas y medidas de seguridad. En cuanto al almacenamiento, la legislación establece la centralización de la información bajo la supervisión del Poder Judicial. El acceso se regula, permitiendo a personas autorizadas y entidades judiciales consultar la información. En la práctica, estos procesos se aplican mediante sistemas electrónicos seguros y procedimientos de verificación de identidad, asegurando que la gestión de antecedentes judiciales cumpla con los estándares legales en Costa Rica.

¿Cómo ha respondido Costa Rica a la necesidad de equilibrar la verificación en listas de riesgo con la promoción de la responsabilidad social empresarial (RSE)?

Costa Rica ha respondido de manera proactiva a la necesidad de equilibrar la verificación en listas de riesgo con la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Se fomenta la colaboración entre el sector privado y las autoridades para desarrollar prácticas que, además de cumplir con las regulaciones, contribuyan al bienestar social y ambiental, fortaleciendo la imagen de las empresas y promoviendo un desarrollo económico sostenible.

¿Cuál es el impacto social y económico de antecedentes disciplinarios en casos de corrupción en el proceso de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las medidas adoptadas para fortalecer la transparencia y la competitividad en este ámbito?

Los antecedentes disciplinarios en casos de corrupción en el proceso de contratación pública en Costa Rica tienen un impacto social y económico significativo. Afectan la confianza en el sistema de contratación, generan consecuencias económicas negativas y resaltan la necesidad de fortalecer las medidas disciplinarias para garantizar la transparencia y la competitividad. Estos casos subrayan la importancia de promover prácticas éticas en la contratación pública y proteger los recursos destinados a proyectos de interés público.

¿Qué derechos tienen los acusados en el sistema penal de Costa Rica?

Los acusados en el sistema penal de Costa Rica tienen una serie de derechos fundamentales, como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y público, el derecho a un abogado defensor, el derecho a permanecer en silencio y el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos crueles o inhumanos. Estos derechos están protegidos por la Constitución y tratados internacionales. Los acusados también tienen el derecho a conocer los cargos en su contra y a presentar pruebas en su defensa. Estos derechos son esenciales para garantizar un sistema penal justo y equitativo.

¿Cuál es la frecuencia con la que se debe actualizar la información en el proceso KYC en Costa Rica?

La frecuencia con la que se debe actualizar la información en el proceso KYC en Costa Rica puede variar según las regulaciones y la evaluación de riesgos de cada entidad. Sin embargo, generalmente se requiere una actualización periódica de la información, especialmente cuando se producen cambios significativos en la situación del cliente o cuando se cumple un período determinado desde la última revisión.

¿Cómo afecta la evasión fiscal en el sector salud en Costa Rica y cuál es el impacto en la capacidad del sistema de salud para responder a crisis sanitarias?

La evasión fiscal puede afectar el sector salud en Costa Rica al reducir los recursos disponibles para el sistema de salud. Menos ingresos fiscales destinados a la salud pueden debilitar la capacidad del sistema para responder a crisis sanitarias, limitar la inversión en infraestructura médica y afectar la calidad de los servicios de atención médica disponibles para la población.

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