DANIELA ROCIO ARAYA ZAPATA - Perfil - 118660XXX

Perfil de DANIELA ROCIO ARAYA ZAPATA - 118660XXX

Cédula de Identidad 118660XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo se manejan legalmente las verificaciones de antecedentes relacionadas con el acceso a servicios financieros en Costa Rica?

Las verificaciones de antecedentes relacionadas con el acceso a servicios financieros en Costa Rica están reguladas por la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia y Mejoramiento del Servicio al Consumidor de Servicios Financieros. Esta ley establece mecanismos para la revisión de antecedentes crediticios y financieros de los consumidores, garantizando la transparencia en el proceso y el respeto a los derechos del consumidor. Los clientes tienen derecho a conocer la información utilizada en la toma de decisiones y a impugnar cualquier información inexacta.

¿Cómo se garantiza la accesibilidad de los trámites administrativos a personas con discapacidad en Costa Rica?

La accesibilidad de los trámites administrativos a personas con discapacidad en Costa Rica se garantiza a través de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. Esta ley establece la obligación de las instituciones gubernamentales de brindar información y servicios en formatos accesibles y de garantizar el acceso a sus instalaciones para todas las personas.

¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de la importación y exportación de bienes en Costa Rica?

La importación y exportación de bienes en Costa Rica están sujetas a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se aplican medidas de diligencia debida para identificar a los importadores y exportadores, y se presentan informes sobre transacciones sospechosas.

¿Cuál es la responsabilidad de la Policía Judicial en la investigación y prevención de amenazas contra personas expuestas políticamente en Costa Rica?

En Costa Rica, la Policía Judicial asume una responsabilidad crucial en la investigación y prevención de amenazas dirigidas a personas expuestas políticamente. Su labor se centra en la conducción de investigaciones exhaustivas en respuesta a posibles riesgos, implicando la recopilación de pruebas, entrevistas a testigos y la colaboración con otras entidades de seguridad. Además, despliega estrategias preventivas, evaluando riesgos y colaborando estrechamente con otras agencias para anticipar y abordar situaciones potencialmente peligrosas. La presencia disuasoria y las medidas proactivas desempeñan un papel fundamental en la protección de figuras políticas y la preservación de la estabilidad en el ámbito político costarricense.

¿Cómo afecta el mercado inmobiliario y la oferta de viviendas al costo de los arriendos en Costa Rica, y existen políticas gubernamentales que buscan regular el mercado para evitar prácticas abusivas?

El mercado inmobiliario y la oferta de viviendas pueden afectar el costo de los arriendos en Costa Rica. Las variaciones en la oferta y demanda pueden influir en los precios de alquiler. Aunque no existen políticas específicas para regular el costo de los arriendos, el Gobierno puede implementar medidas para promover la transparencia en el mercado inmobiliario y evitar prácticas abusivas. La regulación del mercado inmobiliario contribuye a garantizar que los arrendamientos se realicen de manera justa y que los precios sean acordes con las condiciones del mercado y las características de la propiedad.

¿Cómo se abordan legalmente los conflictos surgidos durante la ejecución de contratos públicos en Costa Rica, y cuáles son las medidas para resolver disputas y aplicar sanciones en casos de incumplimiento contractual?

Legalmente, los conflictos durante la ejecución de contratos públicos en Costa Rica se abordan mediante mecanismos de resolución de disputas, que pueden incluir la mediación, arbitraje o la vía judicial. En casos de incumplimiento contractual, las sanciones aplicables pueden ir desde multas hasta la rescisión del contrato. Estos mecanismos buscan garantizar una resolución justa y eficiente de conflictos, protegiendo los intereses tanto del contratista como de la entidad pública.

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