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¿Puede un deudor alimentario evitar el cumplimiento de la pensión argumentando insolvencia en Costa Rica?
Argumentar insolvencia en Costa Rica no libera al deudor de su obligación de cumplir con la pensión alimentaria. Sin embargo, puede ser un factor considerado por el tribunal al determinar la cantidad de la pensión o establecer un plan de pagos que sea asequible para el deudor.
¿Cómo se penaliza el delito de falsificación de documentos en Costa Rica?
La falsificación de documentos en Costa Rica puede conllevar penas de prisión y multas, protegiendo la integridad de documentos legales.
¿Existen casos notables en Costa Rica donde la falta de cumplimiento KYC ha tenido consecuencias económicas significativas?
Sí, casos de no cumplir con el KYC han llevado a sanciones económicas y pérdida de reputación para empresas, subrayando la importancia de adherirse a estas prácticas para evitar consecuencias negativas.
¿Qué derechos tiene el vendedor si el comprador incumple un contrato de venta en Costa Rica?
Si el comprador incumple un contrato de venta en Costa Rica, el vendedor puede exigir el cumplimiento del contrato, buscar una indemnización por daños y perjuicios o rescindir el contrato, según lo establecido en el contrato y la ley.
¿Qué son los antecedentes judiciales en Costa Rica?
Los antecedentes judiciales en Costa Rica, también conocidos como antecedentes penales o registros judiciales, son documentos que registran la actividad penal de un individuo. Estos registros contienen información sobre condenas anteriores, arrestos, juicios y otros eventos relacionados con la participación de una persona en procesos judiciales y penales. Los antecedentes judiciales son utilizados por diversas entidades, como empleadores, autoridades de inmigración y otras, para evaluar la idoneidad y la confiabilidad de una persona.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la fiscalización de los trámites administrativos en Costa Rica?
La Contraloría General de la República en Costa Rica juega un papel fundamental en la fiscalización de los trámites administrativos. A través de auditorías y revisiones, se asegura de que los procedimientos sean transparentes, eficientes y estén alineados con la normativa legal. Esta supervisión contribuye a prevenir malas prácticas, detectar posibles irregularidades y garantizar el buen uso de los recursos públicos en la gestión de trámites.
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