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¿Cuál es la definición legal de lavado de activos en Costa Rica?
El lavado de activos en Costa Rica se define como el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o dinero, de modo que parezca legítimo. Se considera un delito grave en la legislación costarricense.
¿Existen casos notables en Costa Rica donde la falta de cumplimiento KYC ha tenido consecuencias económicas significativas?
Sí, casos de no cumplir con el KYC han llevado a sanciones económicas y pérdida de reputación para empresas, subrayando la importancia de adherirse a estas prácticas para evitar consecuencias negativas.
¿Cuáles son las obligaciones de entrega en un contrato de venta en Costa Rica?
En un contrato de venta en Costa Rica, el vendedor tiene la obligación de entregar el bien de acuerdo con los términos acordados. Esto incluye entregar el bien en buen estado y en la fecha y lugar acordados.
¿Cuáles son los trámites necesarios para la inscripción de un vehículo en Costa Rica?
La inscripción de un vehículo en Costa Rica implica trámites como la presentación de documentos de propiedad, comprobante de pago de impuestos y seguros obligatorios, así como la revisión técnica vehicular. Además, se debe cumplir con el pago del marchamo y obtener la placa vehicular correspondiente.
¿Cómo se afectan los antecedentes fiscales en casos de auditorías fiscales en Costa Rica?
Los antecedentes fiscales son un factor importante en las auditorías fiscales en Costa Rica. Durante una auditoría, las autoridades fiscales revisan los registros contables y fiscales de un contribuyente. Tener buenos antecedentes fiscales, incluyendo la presentación oportuna de declaraciones de impuestos y el pago adecuado de impuestos, puede facilitar el proceso de auditoría y evitar sanciones.
¿Cómo se abordan legalmente los conflictos de interés en contratos públicos en Costa Rica, y cuáles son las medidas preventivas y sancionatorias establecidas para garantizar la imparcialidad en el proceso de contratación?
En Costa Rica, los conflictos de interés en contratos públicos están prohibidos y son abordados legalmente. La Ley de Contratación Administrativa establece medidas preventivas, como la declaración de intereses por parte de los participantes en procesos de contratación. Las medidas sancionatorias incluyen la exclusión de participación, multas y, en casos extremos, la denuncia penal. Estas disposiciones buscan garantizar la transparencia e imparcialidad en el proceso de contratación pública.
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