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¿Cuál es el plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica?
El plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica puede variar según el tipo de trámite y la institución responsable. Sin embargo, la Ley General de la Administración Pública establece que, en principio, los trámites deben resolverse en un plazo máximo de 60 días hábiles. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse, pero se debe notificar al solicitante.
¿Se requiere que las entidades financieras en Costa Rica tengan un programa de capacitación en prevención del lavado de dinero?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica están obligadas a tener un programa de capacitación en prevención del lavado de dinero que abarque temas relacionados con el KYC. El programa de capacitación es esencial para asegurar que el personal esté preparado para identificar y prevenir actividades ilícitas.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de joyerías y metales preciosos en el lavado de activos en Costa Rica?
Las joyerías y comercios de metales preciosos en Costa Rica deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos, que incluyen la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cómo se selecciona y organiza un jurado en los procesos judiciales costarricenses?
En Costa Rica, el sistema judicial no utiliza jurados en el sentido tradicional. Los casos son decididos por jueces profesionales, no por jurados de ciudadanos.
¿Cuál es el proceso para impugnar una pensión alimentaria en Costa Rica si se considera injusta o inadecuada?
El proceso para impugnar una pensión alimentaria en Costa Rica si se considera injusta o inadecuada implica presentar una solicitud al tribunal correspondiente. Debe proporcionarse evidencia que respalde la impugnación y el tribunal llevará a cabo un proceso legal para determinar si la modificación es justificada.
¿Cuáles son las medidas y sanciones contempladas en la legislación costarricense para prevenir y abordar prácticas de colusión entre contratistas en procesos de licitación pública?
La legislación costarricense contempla medidas específicas para prevenir y abordar prácticas de colusión entre contratistas en procesos de licitación pública. Se establecen restricciones para evitar la colusión y se aplican sanciones en caso de detección, que pueden incluir multas, la descalificación de los participantes y la prohibición de participar en futuras licitaciones. Estas medidas buscan garantizar la competencia justa y transparente en los procesos de contratación.
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