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¿Cómo se penaliza la violencia contra la comunidad LGBTQ+ en Costa Rica?
Costa Rica ha adoptado medidas para penalizar la violencia contra la comunidad LGBTQ+ mediante la Ley de Penalización de la Violencia contra las Personas por Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género. Esta ley busca prevenir y sancionar los actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de una persona, promoviendo un entorno más inclusivo y respetuoso.
¿Puede un arrendatario subarrendar la propiedad a otra persona en Costa Rica?
En Costa Rica, un arrendatario generalmente puede subarrendar la propiedad a otra persona si el contrato de arrendamiento no prohíbe específicamente el subarriendo. Sin embargo, es importante obtener el consentimiento del arrendador y seguir los procedimientos legales aplicables para asegurarse de que el subarriendo sea válido y cumpla con la ley.
¿De qué manera las figuras políticas influyen en la cohesión social en Costa Rica?
Las figuras políticas influyen en la cohesión social al actuar como símbolos de unidad o división, dependiendo de cómo gestionen los temas cruciales para la sociedad. Su capacidad para abordar problemas sociales de manera efectiva puede tener un impacto significativo en la percepción pública y en la cohesión de la comunidad.
¿Cuál es el impacto económico de la duración de los procesos judiciales en Costa Rica?
La duración de los procesos judiciales puede tener un impacto económico significativo en Costa Rica, afectando la inversión y la eficiencia económica al generar incertidumbre y retrasos en la resolución de conflictos legales.
¿Cuál es el impacto económico y social del lavado de activos en Costa Rica?
El lavado de activos puede tener consecuencias negativas, incluyendo la desestabilización económica y el deterioro de la confianza en las instituciones financieras, afectando así el desarrollo económico y la seguridad social.
¿Existe una edad de jubilación obligatoria en Costa Rica y cómo afecta a las demandas laborales?
En Costa Rica, no existe una edad de jubilación obligatoria, lo que significa que los trabajadores pueden seguir empleados más allá de la edad tradicional de jubilación. Esto no afecta directamente a las demandas laborales, pero puede influir en las condiciones de empleo, como los contratos y los acuerdos de retiro, que pueden ser temas de disputa en demandas laborales.
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