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Costa Rica considera el uso de realidad virtual en la mediación familiar, asegurando que sea ético y efectivo. Se implementan estándares para garantizar la privacidad, confidencialidad y equidad en el proceso, aprovechando la tecnología de manera responsable.
¿En qué medida los expedientes judiciales pueden reflejar y abordar las tensiones sociales y políticas en Costa Rica?
Los expedientes judiciales pueden reflejar y, en algunos casos, abordar las tensiones sociales y políticas en Costa Rica al documentar casos relacionados con estas problemáticas. Sin embargo, es fundamental garantizar la imparcialidad en el manejo de estos casos para evitar que los expedientes se conviertan en instrumentos de persecución política y contribuyan a la polarización.
¿Cuáles son las penas por delitos de tráfico de personas en Costa Rica?
Los delitos de tráfico de personas en Costa Rica pueden conllevar penas de hasta 16 años de prisión, procurando combatir esta actividad.
¿Se requiere realizar verificaciones de antecedentes para la obtención de licencias profesionales en Costa Rica, y cuáles son los fundamentos legales de este requisito?
La obtención de licencias profesionales en Costa Rica puede requerir verificaciones de antecedentes, respaldadas por fundamentos legales. Estas verificaciones buscan asegurar la idoneidad y ética de los profesionales en el ejercicio de sus actividades.
¿Cómo aborda la legislación costarricense la protección de la privacidad y confidencialidad de los candidatos durante los procesos de selección?
La legislación costarricense aborda la protección de la privacidad y confidencialidad de los candidatos al establecer protocolos claros sobre el manejo de la información personal durante los procesos de selección.
¿Cómo se garantiza la accesibilidad de los trámites administrativos a personas con discapacidad en Costa Rica?
La accesibilidad de los trámites administrativos a personas con discapacidad en Costa Rica se garantiza a través de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. Esta ley establece la obligación de las instituciones gubernamentales de brindar información y servicios en formatos accesibles y de garantizar el acceso a sus instalaciones para todas las personas.
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