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¿Qué medidas se toman para actualizar y mantener las listas de riesgos en Costa Rica?
Las listas de riesgos en Costa Rica se actualizan y mantienen de acuerdo con las disposiciones legales y regulaciones vigentes. Esto incluye la incorporación de nuevas sanciones y la eliminación de nombres que ya no estén vigentes en las listas.
¿Qué derechos tienen los beneficiarios de una pensión alimentaria en relación con la supervisión del cumplimiento en Costa Rica?
Los beneficiarios tienen el derecho de supervisar y asegurarse de que el deudor cumpla con la pensión alimentaria. Pueden solicitar información sobre el cumplimiento y recurrir al tribunal o las autoridades competentes en caso de incumplimiento. El Estado se preocupa por garantizar que se cumplan los derechos de los beneficiarios.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la detección y prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La UIF en Costa Rica desempeña un papel crucial en la detección y prevención de la financiación del terrorismo. Recibe y analiza información sobre transacciones sospechosas, y colabora con otras agencias para investigar actividades de financiación del terrorismo.
¿Cuál es la relación entre la formación técnica y la demanda laboral en sectores específicos de la economía costarricense?
La relación entre la formación técnica y la demanda laboral en sectores específicos de la economía costarricense es crucial en la selección de personal, asegurando la adecuación de habilidades a las necesidades del mercado.
¿Cómo aborda Costa Rica la ética empresarial en relación con la implementación del KYC?
La implementación ética del KYC en Costa Rica implica equilibrio entre la protección de datos y la necesidad de salvaguardar la integridad financiera, asegurando que las prácticas sean éticas y respeten la privacidad del cliente.
¿Cómo se aborda la educación sobre embargos en Costa Rica y cómo impacta en la conciencia pública?
La educación sobre embargos en Costa Rica es clave para aumentar la conciencia pública. Los programas educativos deben abordar los aspectos legales, económicos y sociales del embargo para fomentar una comprensión informada y promover el debate constructivo.
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