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¿Qué medidas se han implementado para mejorar la accesibilidad a la justicia en Costa Rica?
En Costa Rica, se han implementado medidas como la creación de la Oficina de Gestión y Acceso a la Justicia para mejorar la accesibilidad, brindar información y facilitar trámites judiciales a la ciudadanía.
¿Existe alguna restricción en el acceso a expedientes judiciales en Costa Rica?
Aunque la "Ley de Acceso a la Información Pública" garantiza el acceso a expedientes judiciales en Costa Rica, existen restricciones. Por ejemplo, la información relacionada con la seguridad nacional, la privacidad de las partes o asuntos confidenciales puede estar sujeta a restricciones. El juez o autoridad judicial tiene la discreción de determinar si cierta información debe mantenerse confidencial.
¿Cuáles son las obligaciones de las entidades financieras en Costa Rica para prevenir el lavado de activos?
Las entidades financieras en Costa Rica deben implementar políticas y procedimientos de diligencia debida para conocer a sus clientes, informar transacciones sospechosas, mantener registros y colaborar con la UIF y otras autoridades en la prevención del lavado de activos.
¿Cómo influye la percepción pública de la eficacia judicial en la cohesión social en Costa Rica?
La percepción pública de la eficacia judicial en Costa Rica influye directamente en la cohesión social. Cuando la sociedad percibe que los expedientes judiciales se manejan de manera justa y eficiente, se fortalece la confianza en las instituciones, promoviendo la cohesión y la armonía social en el país.
¿Cómo se abordan legalmente las transacciones financieras relacionadas con obras de arte religioso en Costa Rica a través del KYC?
Legalmente, el KYC establece protocolos para garantizar la autenticidad y legalidad de las transacciones financieras relacionadas con obras de arte religioso en Costa Rica, protegiendo así el patrimonio cultural y artístico.
¿Cómo aborda la legislación costarricense la complicidad en delitos relacionados con corrupción?
La legislación en Costa Rica aborda la complicidad en delitos de corrupción imponiendo sanciones a aquellos que colaboran o participan en actividades corruptas. Se busca desincentivar la complicidad en acciones que socavan la integridad del sistema.
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