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¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Costa Rica en relación con las PEP?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de identificar y realizar un seguimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son clientes o están involucradas en transacciones financieras. Esto implica llevar a cabo debidas diligencias reforzadas para garantizar que las operaciones realizadas por las PEP sean legítimas y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Las instituciones financieras también deben informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de joyerías y metales preciosos en el lavado de activos en Costa Rica?
Las joyerías y comercios de metales preciosos en Costa Rica deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos, que incluyen la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Qué sucede con los expedientes judiciales en casos en los que se declara la prescripción en Costa Rica?
En casos en los que se declara la prescripción en Costa Rica, los expedientes judiciales generalmente se archivan y conservan de acuerdo con los plazos de retención establecidos. Aunque el caso está cerrado, la información se mantiene disponible para consultas futuras o posibles reclamaciones.
¿Qué derechos de apelación tienen los profesionales en casos de sanciones disciplinarias en Costa Rica?
Los profesionales tienen derecho a apelar sanciones disciplinarias. El proceso de apelación suele incluir la presentación de argumentos, pruebas y documentos de respaldo ante un tribunal administrativo o un órgano de apelación designado. La decisión se toma en función de la legalidad y la justicia.
¿Cuál es el marco jurídico principal que regula el cumplimiento normativo en Costa Rica?
El cumplimiento normativo en Costa Rica se rige principalmente por la Constitución Política de 1949, la cual establece los principios fundamentales del sistema legal del país. Además, se complementa con leyes específicas, como la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y la Ley de Protección al Consumidor, que abordan aspectos particulares del cumplimiento normativo.
¿Cuál es la posición del gobierno costarricense respecto a la regulación de la custodia compartida y qué medidas se han tomado para garantizar su implementación efectiva?
El gobierno de Costa Rica respalda la regulación de la custodia compartida como una opción viable en situaciones de divorcio. Se han implementado medidas para garantizar su implementación efectiva, considerando el bienestar de los hijos y estableciendo mecanismos que faciliten una co-parentalidad equitativa.
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