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¿Cómo afecta el KYC a la inclusión financiera en Costa Rica?
Aunque el KYC puede ser visto como un requisito, su implementación adecuada puede facilitar la inclusión financiera al proporcionar un marco seguro para que más personas participen en servicios financieros, promoviendo la igualdad económica.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la fiscalización de contratos en Costa Rica?
La Contraloría General de la República de Costa Rica desempeña un papel fundamental en la fiscalización de contratos públicos. Supervisa y verifica que los procedimientos de contratación y ejecución de proyectos cumplan con las leyes y regulaciones aplicables. Además, emite informes y recomendaciones, y puede imponer sanciones en casos de incumplimiento.
¿Cómo define la legislación costarricense la complicidad en un delito?
La legislación costarricense define la complicidad como la participación voluntaria y consciente de una persona en la comisión de un delito, colaborando de alguna manera con el autor principal. Esta definición está respaldada por el Código Penal de Costa Rica.
¿Cómo afecta la tecnología blockchain a la transparencia en la financiación de campañas políticas en Costa Rica?
La tecnología blockchain influye en la transparencia en la financiación de campañas políticas en Costa Rica al proporcionar un registro inmutable y transparente de las transacciones financieras, reduciendo el riesgo de corrupción y mejorando la rendición de cuentas.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) en la prevención de la financiación del terrorismo en el sector de la salud en Costa Rica?
La CNVE en Costa Rica tiene un papel en la supervisión de la vacunación y epidemiología en el país y contribuye a prevenir la financiación del terrorismo en el sector de la salud.
¿Cómo se abordan las amenazas cibernéticas contra los políticos en Costa Rica?
Las amenazas cibernéticas contra los políticos en Costa Rica se abordan mediante la implementación de medidas de seguridad digital robustas. Esto incluye la formación especializada para políticos y sus equipos en prácticas de seguridad en línea, la adopción de tecnologías avanzadas de protección cibernética y la colaboración con expertos en seguridad informática. Además, se establecen protocolos de respuesta rápida para contrarrestar cualquier amenaza cibernética, garantizando la integridad de la información y protegiendo contra posibles ataques que puedan comprometer la seguridad de los políticos y la estabilidad del sistema.
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