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¿Qué medidas se toman para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales en el proceso de validación de identidad en Costa Rica?
En Costa Rica, existen medidas legales y tecnológicas para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales en el proceso de validación de identidad. La Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales establece las normas para el manejo de datos personales y garantiza la confidencialidad y la seguridad de esta información. Las entidades que manejan datos personales, como el Tribunal Supremo de Elecciones, deben cumplir con requisitos estrictos de protección de datos y seguridad cibernética. Esto incluye medidas como el cifrado de datos y protocolos de seguridad para prevenir el acceso no autorizado.
¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de riesgos en el marco de las regulaciones AML en Costa Rica?
La evaluación de riesgos en Costa Rica implica la revisión de factores como la naturaleza de la relación, la ubicación geográfica, la ocupación del cliente, el origen de fondos y la exposición a actividades de alto riesgo. Esto ayuda a determinar el nivel de riesgo asociado con el cliente y permite a las entidades financieras aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo.
¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo en Costa Rica?
En Costa Rica, las transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo se abordan mediante la implementación de sistemas de monitoreo y detección en las instituciones financieras. Estas instituciones están obligadas a reportar cualquier operación que genere sospechas sobre posibles actividades de financiación del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras autoridades competentes. La UAF, a su vez, analiza la información recibida y coordina acciones con las autoridades pertinentes para investigar y tomar las medidas legales necesarias. Este enfoque busca garantizar una respuesta rápida y efectiva ante posibles amenazas de financiación del terrorismo.
¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades locales en la supervisión y sanción de contratistas que participan en proyectos de contratación pública a nivel municipal en Costa Rica?
Las autoridades locales en Costa Rica tienen la responsabilidad de supervisar y sancionar a contratistas que participan en proyectos de contratación pública a nivel municipal. A través de los órganos de contratación local, se verifica el cumplimiento de normativas y se aplican sanciones en caso de irregularidades. Esta descentralización de responsabilidades contribuye a una supervisión más cercana y eficiente, adaptada a las necesidades y características específicas de cada municipio.
¿Cómo se abordan legalmente los conflictos de interés en contratos públicos en Costa Rica, y cuáles son las medidas preventivas y sancionatorias establecidas para garantizar la imparcialidad en el proceso de contratación?
En Costa Rica, los conflictos de interés en contratos públicos están prohibidos y son abordados legalmente. La Ley de Contratación Administrativa establece medidas preventivas, como la declaración de intereses por parte de los participantes en procesos de contratación. Las medidas sancionatorias incluyen la exclusión de participación, multas y, en casos extremos, la denuncia penal. Estas disposiciones buscan garantizar la transparencia e imparcialidad en el proceso de contratación pública.
¿Cómo se asegura la participación de pequeñas y medianas empresas (PYME) en los procesos de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para prácticas que obstaculizan su acceso equitativo?
La participación de pequeñas y medianas empresas (PYME) en los procesos de contratación pública en Costa Rica se asegura mediante medidas que fomentan su inclusión y acceso equitativo. Las sanciones para prácticas que obstaculizan su participación van desde multas hasta la exclusión de procesos de contratación futuros. La protección de los derechos y la igualdad de oportunidades para las PYME refleja el compromiso de promover la diversidad y competencia en el sector contractual.
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