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¿Puede un cliente cambiar la información proporcionada durante el proceso KYC en Costa Rica?
Un cliente puede actualizar la información proporcionada durante el proceso KYC en Costa Rica si se producen cambios significativos en su situación. Las entidades financieras suelen permitir que los clientes actualicen su información y proporcionen documentación adicional si es necesario. Esto es especialmente importante para mantener la información actualizada y precisa.
¿Qué sucede si una persona tiene antecedentes penales en otro país y desea ingresar a Costa Rica?
Si una persona tiene antecedentes penales en otro país y desea ingresar a Costa Rica, las autoridades migratorias costarricenses pueden considerar esta información al evaluar su elegibilidad para ingresar al país. Dependiendo de la gravedad de los antecedentes, pueden aplicarse restricciones o decisiones de admisión específicas.
¿Cómo ha evolucionado la percepción pública del lavado de activos en Costa Rica a lo largo del tiempo?
A medida que la sociedad se ha vuelto más consciente de los riesgos asociados con el lavado de activos, ha aumentado la demanda de medidas más efectivas y rigurosas. La percepción pública juega un papel crucial en el impulso de cambios legislativos y acciones preventivas.
¿Cómo se determina la patria potestad en Costa Rica?
La patria potestad en Costa Rica se atribuye automáticamente a los padres en el momento del nacimiento. En casos de divorcio, la patria potestad puede ser ejercida de manera conjunta o asignada a uno de los padres, dependiendo de lo que determine el tribunal de familia. La legislación busca siempre proteger el interés superior del menor.
¿Las sanciones disciplinarias en Costa Rica son públicas o confidenciales?
La disponibilidad pública de las sanciones disciplinarias puede variar según la entidad reguladora y el campo profesional. Algunas sanciones pueden ser de acceso público, mientras que otras pueden mantenerse confidenciales.
¿Cuál es el proceso de licitación inversa en Costa Rica?
La licitación inversa es un proceso mediante el cual las entidades públicas adquieren bienes y servicios a través de una subasta electrónica en la que los contratistas compiten por ofrecer precios más bajos. Las entidades públicas pueden elegir la oferta más ventajosa en términos de costos.
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