ERIC ALFREDO VALVERDE VIQUEZ - Perfil - 107440XXX

Perfil de ERIC ALFREDO VALVERDE VIQUEZ - 107440XXX

Cédula de Identidad 107440XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Qué legislación en Costa Rica regula la verificación en listas de riesgos?

La legislación que regula la verificación en listas de riesgos en Costa Rica incluye la Ley 8204 contra la Delincuencia Organizada, que establece medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, la Ley 8488, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, también contiene disposiciones relevantes.

¿Cómo se abordan los embargos en el contexto de la política de derechos humanos de Costa Rica?

La política de derechos humanos de Costa Rica influye en la forma en que se abordan los embargos, asegurando que las medidas restrictivas no violen los derechos fundamentales de la población. El país busca mantener un equilibrio entre la aplicación de medidas necesarias para abordar preocupaciones legítimas que llevaron al embargo y la protección de los derechos humanos. Las autoridades costarricenses trabajan en colaboración con organismos internacionales de derechos humanos para garantizar que las medidas adoptadas sean proporcionadas, justificadas y respetuosas con los estándares internacionales de derechos humanos.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir las normativas de embargo en Costa Rica?

El incumplimiento de las normativas de embargo en Costa Rica puede llevar a diversas sanciones, que van desde multas económicas hasta la imposición de medidas más severas. Estas sanciones buscan desincentivar el incumplimiento de las obligaciones financieras y garantizar el respeto por las decisiones judiciales. Además de las sanciones legales, el deudor puede enfrentar la pérdida de bienes embargados y otros perjuicios financieros. Es fundamental que las partes involucradas en un proceso de embargo comprendan las consecuencias legales y financieras de no cumplir con las normativas establecidas.

¿Cómo se abordan los casos de antecedentes judiciales que involucran casos de violencia de género en Costa Rica, y cuáles son las medidas específicas implementadas para proteger a las víctimas?

Los casos de antecedentes judiciales relacionados con violencia de género en Costa Rica se abordan con medidas específicas para proteger a las víctimas. La legislación costarricense establece disposiciones para garantizar la confidencialidad de la información relacionada con casos de violencia de género. Además, se implementan protocolos especiales para la gestión de estos antecedentes, priorizando la seguridad y protección de las víctimas. Estas medidas buscan abordar de manera integral los casos de violencia de género, reconociendo la sensibilidad de la información y asegurando que se maneje de manera ética y legal en el contexto de antecedentes judiciales en Costa Rica.

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Costa Rica en la prevención de la financiación del terrorismo?

Costa Rica enfrenta desafíos específicos en la prevención de la financiación del terrorismo, incluyendo la necesidad de fortalecer la capacidad de identificación temprana de posibles casos, mejorar la coordinación interinstitucional y enfrentar las nuevas modalidades y tecnologías utilizadas por los actores involucrados en estas actividades ilícitas. Además, la cooperación internacional debe fortalecerse constantemente, considerando la naturaleza transnacional de la financiación del terrorismo. Estos desafíos requieren un enfoque continuo y adaptativo para garantizar una respuesta efectiva y actualizada ante las amenazas en evolución en este ámbito.

¿Cómo ha abordado Costa Rica los desafíos en la gestión de antecedentes disciplinarios en situaciones de crisis o emergencia, y cuáles son los principios rectores en estos escenarios?

En situaciones de crisis o emergencia, Costa Rica ha abordado los desafíos en la gestión de antecedentes disciplinarios mediante la aplicación de principios rectores como la transparencia, celeridad y proporcionalidad. La urgencia de la situación no debe comprometer la integridad y ética en la función pública, y se han implementado medidas para asegurar que los procesos disciplinarios se realicen con la debida rigurosidad, incluso en contextos de crisis.

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