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¿Cuál es la posición de Costa Rica respecto a la responsabilidad de empresas en casos de complicidad corporativa?
Costa Rica puede abogar por la responsabilidad de las empresas en casos de complicidad corporativa, imponiendo sanciones legales y multas para empresas que participan en actividades delictivas.
¿Cómo afecta el lavado de activos a la inversión en programas sociales y de desarrollo en Costa Rica?
Los recursos destinados a programas sociales y de desarrollo pueden ser desviados debido al lavado de activos, reduciendo la capacidad del gobierno para financiar iniciativas cruciales que beneficien a la sociedad costarricense.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la percepción de Costa Rica en los mercados internacionales?
La participación en actividades ilícitas puede afectar la reputación de Costa Rica en los mercados internacionales, obstaculizando el comercio y las relaciones internacionales, y generando consecuencias económicas y sociales negativas.
¿Cuáles son las regulaciones de cumplimiento normativo relacionadas con el tratamiento de residuos peligrosos en Costa Rica?
En Costa Rica, el tratamiento de residuos peligrosos está regulado por la Ley de Residuos Peligrosos y su Reglamento. Las empresas que generan residuos peligrosos deben cumplir con regulaciones estrictas para su manejo, almacenamiento, transporte y disposición final. También se requiere que obtengan permisos y realicen seguimiento ambiental.
¿Cómo se sanciona la difamación en Costa Rica?
La difamación en Costa Rica puede ser sancionada penalmente según el Código Penal. Las penas por difamación pueden incluir multas y, en casos graves, incluso prisión. Es importante destacar que existen límites a la libertad de expresión para proteger la reputación de las personas en la sociedad costarricense.
¿Cómo ha evolucionado la legislación costarricense en materia de contratación pública y sanciones a contratistas a lo largo de los años?
La legislación costarricense en materia de contratación pública ha experimentado una evolución significativa a lo largo de los años. Desde la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa, se han introducido reformas para mejorar la eficiencia, la competencia y la integridad en los procesos de contratación. Las sanciones a contratistas también han sido objeto de revisión y ajuste para garantizar una respuesta proporcional a los incumplimientos, reflejando así la adaptación continua a las necesidades y desafíos del entorno contractual.
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