ESTEBAN SANTAMARIA ALFARO - Perfil - 207550XXX

Perfil de ESTEBAN SANTAMARIA ALFARO - 207550XXX

Cédula de Identidad 207550XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es la posición de las instituciones religiosas en Costa Rica con respecto a la debida diligencia, y cómo se aborda este tema desde una perspectiva ética y moral en el contexto de las prácticas comerciales?

Las instituciones religiosas en Costa Rica pueden abordar la debida diligencia desde una perspectiva ética y moral. Pueden promover prácticas comerciales que estén alineadas con los principios éticos y morales de la comunidad religiosa. La adopción de procesos de debida diligencia puede ser respaldada por la ética y la moral religiosa, fomentando así una participación ética en las transacciones comerciales.

¿Cuál es la definición legal de financiación del terrorismo en Costa Rica?

En Costa Rica, la financiación del terrorismo se define legalmente como la provisión, recaudación, aportación o suministro de fondos, bienes o servicios, directa o indirectamente, con el conocimiento o la intención de que se utilicen, en su totalidad o en parte, para llevar a cabo actividades terroristas. Esta definición se encuentra establecida en la Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Terrorismo, proporcionando una base clara para la identificación y persecución de actos relacionados con la financiación del terrorismo. La precisión de esta definición es crucial para asegurar un marco legal efectivo y evitar interpretaciones ambiguas.

¿Cuál es el marco jurídico que regula la financiación del terrorismo en Costa Rica?

El marco jurídico que regula la financiación del terrorismo en Costa Rica se basa en la Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Terrorismo, la cual establece disposiciones específicas para prevenir y sancionar la financiación de actividades terroristas. Esta ley proporciona herramientas legales para identificar, investigar y perseguir los actos de financiación del terrorismo, alineándose con estándares internacionales y compromisos asumidos por Costa Rica en la lucha contra el terrorismo. Además, se complementa con disposiciones del Código Penal y otras normativas para garantizar una respuesta integral y efectiva.

¿Cómo impacta la falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias en casos de padres no custodios en términos de la relación con sus hijos y cuál es el papel de la ley en fomentar la participación activa de ambos padres en la vida de los hijos?

La falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de padres no custodios impacta negativamente en la relación con sus hijos. Puede generar tensiones y afectar emocionalmente a los hijos, así como obstaculizar la participación activa del padre en sus vidas. La ley en Costa Rica busca fomentar la participación activa de ambos padres, y la falta de cumplimiento puede ser considerada como un obstáculo para el cumplimiento de este objetivo legal y ético.

¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la prevención y persecución de delitos financieros en Costa Rica, y cómo se coordinan los esfuerzos entre entidades gubernamentales y empresas para abordar estos problemas?

La debida diligencia desempeña un papel crucial en la prevención y persecución de delitos financieros en Costa Rica. La coordinación entre entidades gubernamentales y empresas se realiza a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otros organismos de supervisión. Las empresas implementan procesos de debida diligencia para identificar y reportar transacciones sospechosas, colaborando así con las autoridades en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros.

¿Cuáles son las normas de confidencialidad en los procesos judiciales en Costa Rica?

Las normas de confidencialidad en los procesos judiciales en Costa Rica varían según el tipo de caso y la información involucrada. Por lo general, los documentos judiciales y las actuaciones en audiencias son públicos, pero existen excepciones para proteger la privacidad de ciertos datos, como los casos de menores de edad o víctimas de delitos sexuales. Las partes involucradas en un caso tienen acceso a la información del proceso, pero deben cumplir con las reglas de confidencialidad y no divulgar información confidencial a terceros.

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