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¿Qué es un embargo según la legislación de Costa Rica?
En Costa Rica, un embargo es una medida legal que permite a un acreedor asegurar el pago de una deuda pendiente. Esto se logra tomando posesión de los bienes del deudor para su posterior venta o subasta, con el fin de obtener los fondos necesarios para satisfacer la deuda.
¿Cómo se aborda la protección de los testigos durante los procesos judiciales en Costa Rica?
La protección de los testigos en Costa Rica se aborda mediante medidas como la declaración en cámara Gesell, el anonimato y la seguridad física, asegurando la colaboración efectiva en los procesos judiciales.
¿Qué derechos tienen las personas en Costa Rica en relación con la verificación de sus antecedentes?
En Costa Rica, las personas tienen el derecho de acceder a la información que se mantiene en el registro de personas condenadas y verificar la exactitud de sus propios antecedentes. También tienen el derecho a la privacidad y a ser tratados con igualdad en los procedimientos de verificación de antecedentes. La Ley de Acceso a la Información Pública garantiza el acceso a cierta información gubernamental, incluyendo información sobre antecedentes penales.
¿Cuáles son las políticas de reinserción laboral para personas liberadas en Costa Rica?
Las políticas de reinserción laboral en Costa Rica buscan facilitar la reincorporación de personas liberadas a la sociedad, ofreciendo programas de capacitación y colaborando con empleadores para crear oportunidades laborales.
¿Cómo ha influido la estabilidad política de Costa Rica en el desarrollo de las políticas laborales y, por ende, en la selección de personal?
La estabilidad política de Costa Rica ha contribuido a un entorno laboral favorable, permitiendo el desarrollo de políticas laborales sólidas y predecibles que impactan en los procesos de selección.
¿Quiénes están obligados a realizar la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
Diversos sectores económicos en Costa Rica están obligados a realizar la verificación en listas de riesgos, incluyendo instituciones financieras, abogados, notarios, casinos, casas de empeño y otros sujetos obligados. Esto forma parte de sus responsabilidades en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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