EVELIA GONZALEZ GUZMAN - Perfil - 203260XXX

Perfil de EVELIA GONZALEZ GUZMAN - 203260XXX

Cédula de Identidad 203260XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuáles son los requisitos y el proceso para cambiar el nombre legal en Costa Rica, como parte de una transición de género?

En Costa Rica, el proceso para cambiar el nombre legal como parte de una transición de género implica presentar una solicitud ante el Registro Civil. Deben cumplirse ciertos requisitos, como demostrar que se ha iniciado un proceso de reasignación de género y contar con la autorización de un profesional de la salud mental. Una vez aprobada la solicitud, se realiza la modificación del nombre legal. Este proceso busca respetar la identidad de género de la persona.

¿Cuál es el proceso de desalojo en Costa Rica en caso de incumplimiento del contrato de arrendamiento?

El proceso de desalojo en Costa Rica en caso de incumplimiento del contrato de arrendamiento implica notificar al arrendatario por escrito sobre el incumplimiento y otorgar un plazo para corregirlo. Si el arrendatario no cumple, el arrendador puede presentar una demanda de desalojo ante el tribunal. El tribunal evaluará el caso y, si se otorga la orden de desalojo, un oficial judicial supervisará la ejecución.

¿Cómo se abordan las cuestiones de género en relación con los antecedentes judiciales en Costa Rica, y existen políticas específicas destinadas a mitigar posibles discriminaciones de género en este contexto?

Las cuestiones de género son consideradas en la gestión de antecedentes judiciales en Costa Rica. Las mujeres pueden enfrentar desafíos únicos relacionados con la discriminación de género y la violencia doméstica, lo que puede afectar la incidencia de antecedentes judiciales. Las políticas buscan mitigar posibles discriminaciones de género, y los tribunales deben abordar estos casos con sensibilidad hacia las dinámicas de género. La legislación también puede incluir disposiciones específicas para garantizar que la gestión de antecedentes judiciales sea equitativa para todas las personas, independientemente de su género.

¿Cuáles son las medidas y sanciones contempladas en la legislación costarricense para prevenir y abordar prácticas de colusión entre contratistas en procesos de licitación pública?

La legislación costarricense contempla medidas específicas para prevenir y abordar prácticas de colusión entre contratistas en procesos de licitación pública. Se establecen restricciones para evitar la colusión y se aplican sanciones en caso de detección, que pueden incluir multas, la descalificación de los participantes y la prohibición de participar en futuras licitaciones. Estas medidas buscan garantizar la competencia justa y transparente en los procesos de contratación.

¿Cómo se abordan legalmente los conflictos surgidos durante la ejecución de contratos públicos en Costa Rica, y cuáles son las medidas para resolver disputas y aplicar sanciones en casos de incumplimiento contractual?

Legalmente, los conflictos durante la ejecución de contratos públicos en Costa Rica se abordan mediante mecanismos de resolución de disputas, que pueden incluir la mediación, arbitraje o la vía judicial. En casos de incumplimiento contractual, las sanciones aplicables pueden ir desde multas hasta la rescisión del contrato. Estos mecanismos buscan garantizar una resolución justa y eficiente de conflictos, protegiendo los intereses tanto del contratista como de la entidad pública.

¿Cómo se asegura la confidencialidad y protección de la información en casos de deudores alimentarios en Costa Rica, y cuál es el papel de las instituciones en resguardar la privacidad de las partes involucradas?

La confidencialidad y protección de la información en casos de deudores alimentarios en Costa Rica son prioritarias. Las instituciones, como el Juzgado de Pensiones Alimentarias y el SIPA, implementan medidas para resguardar la privacidad de las partes involucradas. Se establecen protocolos de seguridad y confidencialidad en el manejo de la información, asegurando que solo las partes autorizadas tengan acceso a los detalles de los casos. Este enfoque garantiza la integridad y privacidad de los datos en el proceso judicial.

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