EVELYN CASTILLO CALDERON - Perfil - 115430XXX

Perfil de EVELYN CASTILLO CALDERON - 115430XXX

Cédula de Identidad 115430XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se abordan legalmente los casos de incumplimiento de debida diligencia en Costa Rica, y cuáles son las sanciones y consecuencias para las empresas que no cumplen con estas obligaciones legales?

Los casos de incumplimiento de debida diligencia en Costa Rica se abordan legalmente mediante procesos judiciales establecidos por la Ley 8204 y otras normativas relacionadas. Las sanciones pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias comerciales y, en casos graves, acciones penales contra las personas responsables en la empresa. La legislación busca garantizar una aplicación rigurosa de las medidas de debida diligencia.

¿Cómo podrían los expedientes judiciales influir en la adopción de políticas públicas y reformas legales en Costa Rica?

Los expedientes judiciales pueden influir en la adopción de políticas públicas y reformas legales en Costa Rica al proporcionar evidencia documentada de problemas sistémicos. Casos emblemáticos y patrones identificados en los expedientes pueden servir como catalizadores para la reforma, guiando la toma de decisiones de los legisladores y promoviendo mejoras en el sistema legal y de justicia.

¿Cuáles son las disposiciones específicas de la Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica con respecto a la recolección, almacenamiento y acceso a la información, y cómo se aplican estas disposiciones en la práctica?

La Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica, bajo la Ley No. 4573, establece disposiciones específicas para la recolección, almacenamiento y acceso a la información. Esta ley dicta procedimientos claros para la recopilación de datos sobre condenas y medidas de seguridad. En cuanto al almacenamiento, la legislación establece la centralización de la información bajo la supervisión del Poder Judicial. El acceso se regula, permitiendo a personas autorizadas y entidades judiciales consultar la información. En la práctica, estos procesos se aplican mediante sistemas electrónicos seguros y procedimientos de verificación de identidad, asegurando que la gestión de antecedentes judiciales cumpla con los estándares legales en Costa Rica.

¿Cuál es la legislación relacionada con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en Costa Rica?

Costa Rica ha establecido leyes y regulaciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Decreto contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo son ejemplos de legislación clave en este campo. Estas leyes imponen obligaciones a instituciones financieras y otras entidades para prevenir y detectar actividades sospechosas. Costa Rica también coopera con organizaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El país busca prevenir el uso indebido del sistema financiero con fines criminales y terroristas.

¿Cómo se abordan las mejoras o modificaciones en la propiedad arrendada durante la vigencia del contrato en Costa Rica, y cuáles son las precauciones que deben tomar arrendadores e inquilinos al respecto?

Las mejoras o modificaciones en la propiedad arrendada durante la vigencia del contrato en Costa Rica deben abordarse con el consentimiento del arrendador. Es fundamental que cualquier cambio planificado se acuerde por escrito y se incorpore al contrato de arriendo para evitar malentendidos.

¿Cómo ha abordado Costa Rica los desafíos en la gestión de antecedentes disciplinarios en situaciones de crisis o emergencia, y cuáles son los principios rectores en estos escenarios?

En situaciones de crisis o emergencia, Costa Rica ha abordado los desafíos en la gestión de antecedentes disciplinarios mediante la aplicación de principios rectores como la transparencia, celeridad y proporcionalidad. La urgencia de la situación no debe comprometer la integridad y ética en la función pública, y se han implementado medidas para asegurar que los procesos disciplinarios se realicen con la debida rigurosidad, incluso en contextos de crisis.

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