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¿Existe alguna diferencia en la legislación costarricense entre la complicidad en delitos graves y en delitos menores?
Sí, la legislación costarricense puede diferenciar las penas para la complicidad en delitos graves y menores. Esta diferenciación se realiza para ajustar las sanciones a la gravedad de la acción criminal.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de organizaciones religiosas en Costa Rica?
Para prevenir la financiación del terrorismo a través de organizaciones religiosas en Costa Rica, se exige que estas entidades cumplan con regulaciones que incluyen la presentación de informes financieros y la identificación de donantes potencialmente riesgosos.
¿Qué sucede si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica?
Si un cliente no proporciona información completa o precisa durante el KYC en Costa Rica, la entidad financiera debe tomar medidas para aclarar la información faltante o inconsistente. Puede solicitar al cliente que proporcione documentación adicional o explique cualquier discrepancia. La falta de cooperación del cliente puede resultar en la negación de servicios o la terminación de la relación.
¿Cuáles son los desafíos éticos en la regulación de nuevas tecnologías utilizadas en el lavado de activos en Costa Rica?
Los desafíos éticos incluyen la regulación ética de nuevas tecnologías, como criptomonedas, para prevenir el lavado de activos, generando debates sobre la ética en la adaptación de la legislación a avances tecnológicos.
¿Cómo se abordan las transacciones relacionadas con el arte y antigüedades en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las transacciones relacionadas con el arte y antigüedades en Costa Rica están sujetas a regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la compra y venta de estos activos.
¿Cuál es la legislación en Costa Rica que regula la gestión de expedientes judiciales?
En Costa Rica, la legislación que regula la gestión de expedientes judiciales incluye la "Ley Orgánica del Poder Judicial" (Ley No. 7333) y su reglamento. Estas leyes establecen los procedimientos y normativas para la administración de expedientes judiciales, la conservación de documentos legales y la accesibilidad a la información judicial. Además, la "Ley de Acceso a la Información Pública" (Ley No. 8968) garantiza el acceso a expedientes judiciales, siempre que no estén sujetos a restricciones específicas.
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