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¿Cuáles son las penas por delitos de tráfico de personas en Costa Rica?
Los delitos de tráfico de personas en Costa Rica pueden conllevar penas de hasta 16 años de prisión, procurando combatir esta actividad.
¿Existe la pena de muerte en Costa Rica según la legislación de delitos penales?
No, Costa Rica no tiene la pena de muerte según su legislación de delitos penales. La pena de muerte está prohibida en Costa Rica tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado. Costa Rica abolió la pena de muerte en 1877, y desde entonces, ha mantenido una posición firme en contra de su reinstauración. Los delincuentes condenados en Costa Rica pueden enfrentar penas de prisión u otras sanciones, pero la pena de muerte no es una opción legal en el país.
¿Existen casos notables en Costa Rica donde la falta de verificación de antecedentes ha tenido repercusiones económicas significativas?
Sí, hay casos en los que la falta de verificación de antecedentes ha llevado a empresas a enfrentar demandas y pérdidas económicas debido a contrataciones inadecuadas, destacando la importancia de este proceso.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de un contrato de venta en Costa Rica?
Los contratos de venta en Costa Rica pueden estar sujetos a impuestos, como el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles. Es importante entender las obligaciones fiscales asociadas y cómo se aplican.
¿Qué instituciones y entidades están obligadas a realizar el KYC en Costa Rica?
En Costa Rica, las instituciones financieras, como bancos, compañías de seguros, casas de cambio y entidades de valores, están obligadas a realizar el KYC. Además, otras entidades reguladas, como abogados, notarios, casinos y más, también deben cumplir con el KYC según la naturaleza de sus operaciones y las regulaciones aplicables. Las obligaciones pueden variar según la entidad y el sector.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Costa Rica en relación con las PEP?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de identificar y realizar un seguimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son clientes o están involucradas en transacciones financieras. Esto implica llevar a cabo debidas diligencias reforzadas para garantizar que las operaciones realizadas por las PEP sean legítimas y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Las instituciones financieras también deben informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
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