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¿Cómo se abordan las consecuencias del desplazamiento forzado desde el ámbito político en Costa Rica?
Costa Rica aborda las consecuencias del desplazamiento forzado mediante políticas que buscan brindar apoyo a las personas desplazadas, ofreciendo oportunidades de integración y protegiendo sus derechos humanos.
¿Cuáles son las políticas gubernamentales para abordar la delincuencia juvenil en Costa Rica?
El gobierno de Costa Rica ha implementado políticas de prevención y rehabilitación focalizadas en la delincuencia juvenil, como programas de educación y oportunidades laborales para reducir la incidencia de actividades criminales entre los jóvenes.
¿Cuál es el papel de los expedientes judiciales en la protección de grupos minoritarios y vulnerables en Costa Rica?
Los expedientes judiciales desempeñan un papel crucial en la protección de grupos minoritarios y vulnerables en Costa Rica al documentar casos de discriminación y violaciones a los derechos. Un manejo justo y equitativo de estos expedientes contribuye a la defensa de los derechos de estos grupos, promoviendo la inclusión y la igualdad en el sistema legal y en la sociedad en general.
¿Cuál es el proceso de resolución de disputas en contratos públicos con contratistas en Costa Rica?
El proceso de resolución de disputas en contratos públicos con contratistas en Costa Rica puede implicar mediación, arbitraje y, en última instancia, procedimientos judiciales si las partes no llegan a un acuerdo. La elección del método dependerá de las disposiciones contractuales y la naturaleza de la disputa.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la percepción de Costa Rica como un destino turístico seguro?
Las actividades ilícitas pueden afectar la percepción de Costa Rica como un destino turístico seguro. Esto puede tener consecuencias económicas negativas al disuadir a turistas y afectar la industria turística del país.
¿Cómo se aborda la mediación y conciliación en los procesos judiciales costarricenses?
La mediación y conciliación en Costa Rica están reguladas por la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, permitiendo resolver disputas de manera extrajudicial y descongestionar los tribunales.
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