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¿Cuáles son las disposiciones legales para la validación de identidad en el ámbito de la banca en línea en Costa Rica?
La banca en línea en Costa Rica sigue disposiciones legales específicas que aseguran la robustez de los procesos de validación de identidad, protegiendo así las transacciones financieras y la información de los clientes.
¿Qué protecciones existen para los arrendatarios en casos de desalojo injustificado en Costa Rica?
Los arrendatarios en Costa Rica cuentan con protecciones legales en casos de desalojo injustificado. El arrendador no puede desalojar al arrendatario sin una causa justificada y cumplir con los procedimientos legales adecuados. Si se produce un desalojo injustificado, el arrendatario puede presentar una denuncia ante las autoridades y buscar reparaciones legales.
¿Cómo se aborda la complicidad en casos de terrorismo según la legislación costarricense?
La legislación costarricense aborda la complicidad en casos de terrorismo con medidas específicas, imponiendo sanciones severas para aquellos que colaboren o participen en actividades terroristas. La lucha contra el terrorismo es una prioridad en el marco legal.
¿Cuál es la base jurídica del embargo en Costa Rica?
La base jurídica del embargo en Costa Rica se fundamenta en normativas nacionales como la Ley de Embargo y la regulación aduanera, que establecen las condiciones legales para la implementación de restricciones comerciales.
¿Puede un contrato de venta en Costa Rica incluir garantías sobre la calidad de los bienes vendidos?
Sí, un contrato de venta en Costa Rica puede incluir garantías sobre la calidad de los bienes vendidos, como la garantía de que los bienes están libres de defectos y cumplen con ciertas especificaciones.
¿Cómo se asegura la transparencia en los procesos de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para contratistas que intentan influir indebidamente en estos procesos?
La transparencia en los procesos de contratación pública en Costa Rica se asegura mediante mecanismos como la publicidad de los procedimientos, la participación de la sociedad civil y la aplicación de criterios objetivos de evaluación. Los contratistas que intentan influir indebidamente pueden enfrentar sanciones graves, desde multas hasta la inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de contratación. Estas medidas buscan preservar la equidad y la integridad en la contratación pública.
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