FLOR MARIA VARGAS GARCIA - Perfil - 202470XXX

Perfil de FLOR MARIA VARGAS GARCIA - 202470XXX

Cédula de Identidad 202470XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuáles son las leyes fundamentales que regulan la obligación de alimentar en Costa Rica y cómo se establece el marco jurídico para proteger los derechos alimentarios?

En Costa Rica, la obligación de alimentar está regulada principalmente por el Código de Familia, específicamente en los artículos 242 al 249. Estos establecen las normas y responsabilidades en cuanto a la pensión alimentaria. Además, se complementa con la Ley de Pensiones Alimentarias, que detalla los procedimientos y mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. El marco jurídico busca asegurar la protección de los derechos alimentarios, especialmente de menores y personas vulnerables.

¿Cómo se garantiza la aplicación efectiva de medidas de debida diligencia en el sector público en Costa Rica, y cuáles son los controles legales y mecanismos de supervisión para prevenir el abuso de poder y la corrupción?

La aplicación efectiva de medidas de debida diligencia en el sector público en Costa Rica se garantiza a través de controles legales y mecanismos de supervisión. Estos controles previenen el abuso de poder y la corrupción, asegurando que las autoridades públicas cumplan con estándares éticos y legales en sus decisiones y actividades, contribuyendo así a la transparencia y buena gobernanza.

¿Cuál es la relación entre los antecedentes disciplinarios y la promoción de una cultura de integridad en la administración pública de Costa Rica, y cómo se fomenta esta cultura entre los funcionarios?

La relación entre los antecedentes disciplinarios y la promoción de una cultura de integridad en la administración pública de Costa Rica es estrecha. La existencia de consecuencias disciplinarias por conductas indebidas actúa como un elemento disuasorio y fomenta la responsabilidad y ética entre los funcionarios. Además, se promueve una cultura de integridad a través de programas de capacitación, códigos de ética y la sensibilización sobre la importancia de la conducta ética en el servicio público.

¿Cuáles son las leyes específicas que definen las sanciones para contratistas que participan en prácticas fraudulentas o violan las normativas de contratación en Costa Rica?

Las leyes específicas que definen las sanciones para contratistas en Costa Rica incluyen la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Estas normativas establecen las prácticas fraudulentas, como la colusión o la presentación de información falsa, como faltas graves. Las sanciones pueden variar desde multas hasta la suspensión o prohibición de participar en procesos de contratación, dependiendo de la gravedad de la infracción y las circunstancias particulares del caso.

¿Cómo contribuye la verificación en listas de riesgo a la transparencia en las transacciones económicas en Costa Rica?

La verificación en listas de riesgo contribuye significativamente a la transparencia en las transacciones económicas en Costa Rica. Al identificar y prevenir la participación de individuos o entidades en actividades ilícitas, se asegura la integridad del sistema financiero, fortaleciendo la confianza pública y garantizando que las transacciones económicas se realicen de manera ética y transparente.

¿Cómo se abordan las cuestiones de género en relación con los antecedentes judiciales en Costa Rica, y existen políticas específicas destinadas a mitigar posibles discriminaciones de género en este contexto?

Las cuestiones de género son consideradas en la gestión de antecedentes judiciales en Costa Rica. Las mujeres pueden enfrentar desafíos únicos relacionados con la discriminación de género y la violencia doméstica, lo que puede afectar la incidencia de antecedentes judiciales. Las políticas buscan mitigar posibles discriminaciones de género, y los tribunales deben abordar estos casos con sensibilidad hacia las dinámicas de género. La legislación también puede incluir disposiciones específicas para garantizar que la gestión de antecedentes judiciales sea equitativa para todas las personas, independientemente de su género.

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