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¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la percepción de Costa Rica como un lugar seguro para la inversión extranjera directa (IED)?
El lavado de activos puede afectar la percepción de Costa Rica como un lugar seguro para la IED al generar preocupaciones sobre la integridad del entorno financiero. Implementar medidas de AML es esencial para preservar y fortalecer la confianza de los inversores extranjeros.
¿Cómo se aborda la complicidad en delitos de tráfico de personas según la legislación costarricense?
La complicidad en delitos de tráfico de personas se aborda de manera específica en la legislación costarricense. La colaboración en actividades de trata de personas puede llevar a sanciones legales significativas, reflejando la gravedad de este delito.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la financiación de proyectos sociales en Costa Rica, y cómo se garantiza la transparencia en estas inversiones?
El lavado de activos puede afectar la financiación de proyectos sociales en Costa Rica al distorsionar la legitimidad de las inversiones. Se implementan medidas de AML para garantizar la transparencia en estas inversiones y asegurar que los recursos destinados a proyectos sociales contribuyan genuinamente al bienestar de la sociedad.
¿Qué medidas se toman para garantizar la integridad y ética en la contratación pública de contratistas en Costa Rica?
La garantía de integridad y ética en la contratación pública se logra a través de políticas de prevención de corrupción, la promoción de la ética y la transparencia en los procesos de licitación, así como la implementación de mecanismos de control y sanciones en caso de conducta inapropiada.
¿Cuáles son las medidas para validar la identidad en el acceso a servicios de tecnologías financieras (fintech) en Costa Rica?
En el sector de tecnologías financieras, se implementan medidas de validación de identidad en Costa Rica, como la verificación biométrica y el uso de plataformas seguras, asegurando transacciones confiables y cumplimiento con las regulaciones pertinentes.
¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
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