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¿Cuál es el marco legal que regula la ética judicial en Costa Rica?
La ética judicial en Costa Rica se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de Ética Judicial, que establecen normas y principios éticos para los jueces y magistrados.
¿Cuál es el papel de la Contraloría de Servicios en la fiscalización de la calidad de obras realizadas por contratistas en Costa Rica?
La Contraloría de Servicios en Costa Rica desempeña un papel en la fiscalización de la calidad de obras realizadas por contratistas en proyectos de construcción financiados con fondos públicos. Esta entidad verifica que los proyectos cumplan con los estándares de calidad y que los recursos se utilicen adecuadamente.
¿Cómo influye el embargo en las relaciones diplomáticas de Costa Rica?
El embargo ejerce una influencia significativa en las relaciones diplomáticas de Costa Rica al limitar las interacciones económicas y comerciales con los países afectados. Esto puede generar tensiones y desafíos en la diplomacia, requiriendo un enfoque cuidadoso para mantener relaciones estables y buscar soluciones diplomáticas efectivas.
¿Cuál es el impacto económico y social del lavado de activos en Costa Rica?
El lavado de activos puede tener consecuencias negativas, incluyendo la desestabilización económica y el deterioro de la confianza en las instituciones financieras, afectando así el desarrollo económico y la seguridad social.
¿Cuál es el impacto del KYC en la industria editorial costarricense, considerando la protección de derechos de autor y la autenticidad de las publicaciones?
En la industria editorial, el KYC impacta positivamente al proteger los derechos de autor y garantizar la autenticidad de las publicaciones, fortaleciendo así la integridad y la sostenibilidad de la industria en Costa Rica.
¿Cuáles son los principios fundamentales de la contratación pública en Costa Rica?
Los principios fundamentales de la contratación pública en Costa Rica incluyen la transparencia, la competencia, la igualdad de oportunidades, la eficiencia, la legalidad y la economía. Estos principios buscan garantizar que los procesos de contratación sean justos y beneficiosos para el interés público.
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