GERARDINA SOLANO QUIROS - Perfil - 301770XXX

Perfil de GERARDINA SOLANO QUIROS - 301770XXX

Cédula de Identidad 301770XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo se aborda la financiación del terrorismo desde la perspectiva de la seguridad nacional en Costa Rica?

La financiación del terrorismo se aborda desde la perspectiva de la seguridad nacional en Costa Rica como una amenaza que requiere una respuesta integral. El país ha desarrollado estrategias que involucran a diversas agencias de seguridad, inteligencia y cumplimiento de la ley para identificar y neutralizar posibles amenazas. La seguridad nacional se ve fortalecida por la colaboración con organismos internacionales y el intercambio de información para mantenerse al tanto de las tendencias globales. La perspectiva de seguridad nacional guía las políticas y acciones destinadas a prevenir y combatir la financiación del terrorismo, asegurando la protección de la soberanía y la integridad del Estado costarricense.

¿Cómo se aborda legalmente la verificación de antecedentes en el ámbito de la tecnología y ciberseguridad en Costa Rica?

La verificación de antecedentes en el ámbito de la tecnología y ciberseguridad en Costa Rica está regulada por la Ley de Protección al Trabajador y la legislación relacionada con la privacidad de datos. Los profesionales en este campo pueden ser sometidos a verificaciones especiales para garantizar su idoneidad y confiabilidad en el manejo de información sensible. Las empresas deben obtener el consentimiento de los empleados para realizar estas verificaciones y garantizar que la información recopilada se utilice de manera ética y legal. El respeto a la privacidad y la seguridad de la información son aspectos cruciales en este proceso.

¿Cuál es el impacto de la globalización en los contratos de venta en Costa Rica?

La globalización ha tenido un impacto significativo en los contratos de venta en Costa Rica. La apertura a mercados internacionales ha llevado a una mayor diversificación y complejidad en las transacciones comerciales. La legislación costarricense se ha adaptado para abordar aspectos relacionados con contratos internacionales, considerando normativas y convenciones internacionales. La globalización también ha influido en la forma en que se negocian y ejecutan contratos, con el uso frecuente de tecnologías digitales y la necesidad de considerar aspectos transfronterizos. El marco legal busca proporcionar un entorno que facilite transacciones globales equitativas y transparentes.

¿Cuáles son los procedimientos legales en Costa Rica para la confiscación de activos relacionados con el lavado de activos, y cómo se asegura la protección de los derechos de los implicados?

Los procedimientos legales para la confiscación de activos relacionados con el lavado de activos en Costa Rica se rigen por la Ley 8204 y leyes conexas. Se asegura la protección de los derechos de los implicados mediante garantías constitucionales y normativas internacionales de derechos humanos.

¿Qué agencia o entidad en Costa Rica se encarga de mantener y gestionar los antecedentes judiciales?

En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la entidad encargada de mantener y gestionar los antecedentes judiciales. El OIJ recopila, almacena y proporciona información sobre los antecedentes judiciales de las personas en el país. Los registros se mantienen actualizados y son accesibles para fines legítimos, como investigaciones criminales, verificación de antecedentes y otros procesos legales.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la aplicación de sanciones en casos de sobreprecios y prácticas fraudulentas por parte de contratistas en proyectos públicos en Costa Rica?

Las disposiciones legales en Costa Rica establecen medidas específicas para sancionar casos de sobreprecios y prácticas fraudulentas por parte de contratistas en proyectos públicos. La Ley de Contratación Administrativa incluye mecanismos para la detección y penalización de sobreprecios, que van desde multas hasta la rescisión del contrato. Estas medidas buscan prevenir el mal uso de fondos públicos y garantizar la transparencia en la contratación pública.

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