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¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Cómo se protege la información biométrica en el proceso de validación de identidad en Costa Rica?
La recopilación y uso de información biométrica se rige por estrictas normativas legales que garantizan la protección de esta información sensible durante el proceso de validación de identidad.
¿Cuál es el proceso de licitación inversa en Costa Rica?
La licitación inversa es un proceso mediante el cual las entidades públicas adquieren bienes y servicios a través de una subasta electrónica en la que los contratistas compiten por ofrecer precios más bajos. Las entidades públicas pueden elegir la oferta más ventajosa en términos de costos.
¿Cuál es el proceso para cambiar el nombre en la cédula de identidad en Costa Rica?
Para cambiar el nombre en la cédula de identidad en Costa Rica, se debe presentar una solicitud ante el TSE. Esto generalmente se realiza después de un cambio legal de nombre, como un matrimonio o un proceso de cambio de nombre legalmente reconocido. Se deben proporcionar documentos que respalden el cambio y pagar las tarifas correspondientes.
¿Cuál es el proceso de obtención de una cédula de identidad para refugiados en Costa Rica?
Los refugiados en Costa Rica pueden obtener una cédula de identidad a través del proceso de solicitud de refugio. El proceso involucra la presentación de una solicitud ante la Dirección General de Migración y Extranjería, que incluye la toma de datos biométricos y la emisión de una cédula específica para refugiados.
¿Cómo se abordan las cláusulas abusivas en los contratos de venta en Costa Rica?
Las cláusulas abusivas en los contratos de venta en Costa Rica son abordadas mediante la aplicación de normativas que protegen a los consumidores. La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor prohíbe cláusulas que generen un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, en detrimento del consumidor. Estas cláusulas son consideradas nulas y sin efecto. La legislación busca garantizar la equidad en las relaciones contractuales, especialmente en contratos de venta que involucran a consumidores, y sancionar a aquellos que incorporen cláusulas abusivas en sus contratos.
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